Procuraduría reclama resultados en caso de mujer en condición de discapacidad presuntamente abusada
• El organismo de control solicitó información sobre acciones penales y disciplinarias que se adelantan ante el presunto abuso a una mujer en condición de discapacidad que se encontraba en programa de la Alcaldía de Bogotá
La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría Distrital de Integración Social a brindar información sobre las investigaciones que se adelantan por el presunto abuso sexual de una mujer en condición de discapacidad que estaba siendo atendida en el Centro Integrarte Cota.
En cumplimiento de las acciones preventivas, el organismo de control solicitó al fiscal general, Nestor Humberto Martínez, comunicar sobre las actividades desplegadas por el ente acusador encaminadas a esclarecer el caso de la mujer que se encontraba en la modalidad de atención en la institución adscrita a la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá.
“Conocer el estado de las investigaciones penales en el presente caso se hace absolutamente indispensable puesto que la Personería de Bogotá sospecha de una posible violencia sexual (…) y una injustificada mora en la denuncia formal del caso por parte de los responsables del centro de atención”.
Agregó el Ministerio Público que en el caso de que la Fiscalía haya formulado acusación o haya imputado cargos por los confusos hechos, “nos permitiría incidir para que esta víctima pudiera acceder efectivamente a la reparación judicial”. Para la Procuradora Delegada un caso como este debe investigarse exhaustivamente tanto penal como disciplinariamente, pues se trata de una mujer, en condición de discapacidad, quien dio a luz un hijo a raíz de la presunta violencia sexual, y quien se encontraba bajo protección de un programa institucional”.
Advirtió que no se debe perder de vista que cabe la posibilidad de que el presunto agresor sexual se encontrara conviviendo dentro del Centro de Atención Distrital o teniendo una relación estrecha con las demás personas en condición de discapacidad vinculados al programa, “poniendo en riesgo su derecho a la libertad, integridad y formación sexual, por lo que hace necesario esclarecer los hechos” y determinar si existen más víctimas.
Para la Procuraduría General de la Nación defender y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas en condición de discapacidad debe ser una prioridad estatal, pues nos encontramos ante sujetos de especial protección constitucional.