Procuraduría recuerda a mandatarios electos obligación de incorporar las líneas estratégicas del plan de acción territorial para atender a las víctimas en los nuevos planes de desarrollo
• Nuevos alcaldes y gobernadores deberán construir, entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2016, los planes de desarrollo de su respectivo municipio o departamento.
• Si en los nuevos planes no se incluyen las líneas estratégicas para la atención a las víctimas en los territorios, no se podrían apropiar los recursos necesarios para este propósito.
Los nuevos mandatarios territoriales deben formular y presupuestar en los planes de desarrollo -que se construirán en el primer bimestre de 2016- las líneas estratégicas del Plan de Acción Territorial para la Atención a las Víctimas (PAT). Este es el llamado de la Procuraduría General de la Nación para los alcaldes y gobernadores electos, ante la importancia de considerar en municipios, distritos y departamentos, de manera oportuna, los programas que implementarán las administraciones locales del periodo 2016-2019 para garantizar la atención a los colombianos afectados por el conflicto armado.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), señala expresamente en su artículo 174 que es función de las entidades territoriales diseñar e implementar programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a esta población, los cuales deben contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El Ministerio Público formula este llamado dado que las nuevas administraciones tendrán la responsabilidad de avanzar en la ejecución de la Ley 1448 entre el quinto y el octavo año de los 10 previstos para su implementación, por lo que resulta de vital importancia que se asignen los recursos suficientes para el desarrollo de esta política pública, a partir de la caracterización de la población víctima en cada región.
Los procuradores regionales y provinciales han recibido instrucciones para vigilar y garantizar que en los procesos de construcción de los planes de desarrollo territoriales se incluyan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, y se definan las estrategias para la implementación de la política pública que en materia de justicia transicional incluye los procesos de desmovilización, desarme y reintegración, necesarios para una real construcción de paz desde los territorios.