Procuraduría reitera: Suspensión de fumigaciones a cultivos ilícitos obedece a acuerdo político entre el Gobierno y grupo narcotraficante FARC
• Según informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se reconoce que el cambio de la política antidrogas en Colombia obedece a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC en La Habana.
Frente a la suspensión de fumigación con glifosato de cultivos ilícitos en Colombia, las declaraciones del señor presidente de la República al respecto, y ante reciente información suministrada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la materia, la Procuraduría General de la Nación manifiesta:
Hace un año, el Gobierno Nacional decidió eliminar la aspersión de glifosato sobre cultivos de hoja de coca, señalando que lo hacía, exclusivamente, para cumplir una orden de la Corte Constitucional y en acatamiento al principio de precaución.
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, señaló en ese momento que dicha decisión era fundamentalmente política y obedecía a los acuerdos entre Gobierno Nacional y el grupo narcotraficante FARC en la mesa de diálogos de La Habana (Cuba).
En respuesta a ello, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, indicó, indignado, ante los medios de comunicación:
“Están diciendo hasta que esto fue una orden de las FARC. ¡Hágame el favor! Que eso fue una orden de La Habana, que fue pactado en La Habana. Eso es totalmente falso. Hemos dicho mil veces, está escrito en los acuerdos de La Habana, que nosotros no suspendíamos las aspersiones para los cultivos ilícitos. Eso no tiene ni pies ni cabeza que ahora se diga que eso es una concesión a las FARC. No es ninguna concesión a las FARC, es una medida de precaución acatando una orden de la Corte Constitucional”.
Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su Informe sobre la estrategia internacional de control de narcóticos, que aparece en el sitio web del Departamento de Estado (http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol1/253252.htm) y que registra el grave aumento de los cultivos ilícitos en nuestro país, señala que “el 22 de septiembre de 2015 el Gobierno de Colombia anunció una nueva estrategia de control de droga que reduce el enfoque en la erradicación forzada de coca”.
El informe señala: “Nueva estrategia constituye un componente principal de los planes en evolución del Gobierno colombiano para la implementación de un eventual acuerdo de paz con las FARC”.
Como se lee claramente, el Gobierno de los Estados Unidos, bien informado en la materia, reconoce que el cambio de política obedece a los acuerdos entre Gobierno y FARC en La Habana.
La Procuraduría General de la Nación reitera que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de obrar con transparencia. Ocultar la verdad a los organismos de control y no informar verídicamente a la ciudadanía deslegitima las conversaciones de La Habana y afecta la confianza del país en sus instituciones.
“La Procuraduría advirtió que íbamos a nadar en coca y estamos nadando en coca. De 49 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada de los Estados Unidos. Eso ha generado que se disparó la delincuencia, la inseguridad ciudadana por el fortalecimiento del microtráfico”, advirtió el día de ayer el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
INFORMACIÓN RELACIONADA
PGN | Fecha Publicación: miércoles, 16 marzo 2016 11:00 AM