Procuraduría sancionó a exdirector del IPSE
• El disciplinado pactó el plazo de entrega de un objeto contratado para la siguiente anualidad, desconociendo las medidas fijadas por el órgano rector de política fiscal.
En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por el término de tres meses a Carlos Eduardo Neira Estrada, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director general del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE).
El entonces funcionario incurrió en irregularidades en la programación y ejecución presupuestal, al suscribir finalizando el 2013, el convenio de asociación 018 para desarrollar estudios socioeconómicos en municipios del departamento del Chocó a fin de establecer soluciones energéticas, acordando un plazo de dos meses para su entrega y en consecuencia el recibo material del servicio se hizo en la siguiente anualidad (15 de febrero de 2014).
Para el órgano de control hubo desconocimiento de las medidas fijadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (Confis), órgano rector de la política fiscal y coordinador del sistema presupuestal, en la circular 36 del 3 de diciembre de 2013, en el sentido, que “los compromisos que pretendieran realizar las entidades a partir de dicha fecha y que afectaran las apropiaciones disponibles del presupuesto de la vigencia 2013 debían garantizar que los servicios y bienes contratados se recibieran dentro de la vigencia”, con lo cual afectó el principio de eficacia de la función administrativa encomendada.
La falta de la máxima autoridad administrativa del IPSE se calificó como grave con culpa gravísima, por violación de reglas de obligatorio cumplimiento.
La sanción impuesta se convirtió en salarios de acuerdo con el monto devengado para el momento de la comisión de la falta, según lo previsto en el CDU, por cuanto el disciplinado cesó en sus funciones.
Se ordenó compulsar copia a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, con el fin de que se investigue si se produjo alguna transgresión a los principios que gobiernan la contratación administrativa, teniendo en cuenta que en el transcurso de esta investigación se evidenciaron presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual del mencionado convenio.