Procuraduría sancionó en segunda instancia al actual alcalde de Tona (Santander), quien al momento de la comisión de la falta se desempeñaba como secretario de Gobierno del mismo municipio
• El disciplinado se posesionó y desempeñó como secretario de Gobierno en el 2008 sin reunir los requisitos exigidos, conducta con la cual incumplió el principio de la moralidad de la función pública.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión para ocupar cargos públicos por el término de 30 días al señor Francisco Javier González Gamboa, actual alcalde de Tona (Santander), quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario de Gobierno del mismo municipio. La medida cobija también a Alejandro Hernández Gutiérrez, entonces alcalde de esa municipalidad, quien fue sancionado con suspensión por el término de tres meses.
Los hechos están relacionados con el nombramiento efectuado en el 2008 por el exmandatario Hernández Gutiérrez al señor González Gamboa, quien se posesionó en el cargo de secretario de Gobierno y se desempeñó durante tres meses sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que no contaba con el título profesional o tecnológico requerido.
La Procuraduría Regional de Santander, dependencia que profirió el fallo de segunda instancia, consideró que los disciplinados vulneraron sin justificación alguna el principio de moralidad que exige de los servidores públicos un desempeño bajo principios éticos que garanticen el ejercicio de la función pública.
El ente de control calificó la falta del actual alcalde como grave cometida con culpa leve y la del señor Hernández Gutiérrez como grave cometida con culpa gravísima.
La petición de los disciplinados de convertir la sanción impuesta en multa no fue atendida por el Ministerio Público, dado que en el expediente no obra prueba que certifique el salario devengado por quienes para la época de los hechos se desempeñaron como secretario de Gobierno y alcalde municipal de Tona.
El órgano de control advirtió que contra esta decisión de segunda instancia no procede ningún recurso.