Procuraduría solicitó a Ministerio de Ambiente y ANLA que asuman licenciamiento ambiental para sitio de disposición final de residuos sólidos del Área Metropolitana de Bucaramanga
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López; y al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Fernando Iregui Mejía, que asuman la competencia de los expedientes que reposan en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de todos los procesos de licenciamiento ambiental para sitio de disposición final de residuos sólidos.
Así mismo de los nuevos trámites de licenciamiento ambiental que llegaren a presentarse ante la CDMB en esta materia y de esta forma liderar una solución definitiva para esta importante región del país.
Lo anterior teniendo en cuenta la aparente ausencia de una decisión definitiva por parte de esa Corporación Autónoma para coordinar y articular los trámites de licenciamiento ambiental para proyectos de disposición final que resuelvan la problemática de residuos existente en el área Metropolitana de Bucaramanga (Santander) y dadas las múltiples manifestaciones de los municipios aledaños, en el sentido de la existencia de posibles conflictos de intereses de la CDMB como accionista mayoritaria de la Empresa de Alcantarillado de Santander (EMPAS S.A. E.S.P.), que ha manifestado públicamente su interés en liderar proyectos de sitios de disposición final como solución a esta dificultad.
Dicho requerimiento se presentó con fundamento en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el cual señala que el Ministerio de Ambiente podrá "ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar''.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de la función preventiva estipulada en el Decreto 262 de 2000 y en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política, ha venido haciendo seguimiento a la difícil situación que se presenta en materia de disposición final de residuos sólidos en el departamento de Santander y especialmente en el área Metropolitana dé Bucaramanga, que por esta causa se encuentra en condición de emergencia sanitaria y ambiental desde hace 4 años.