Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente resolver discrepancias sobre ámbito de competencias entre autoridades ambientales en el Área Metropolitana de Bucaramanga
La Procuraduría General de la Nación le formuló al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una solicitud para que se pronuncie de fondo frente a las discusiones institucionales y de interpretación jurídica sobre la legalidad de la constitución del Área Metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental, y resuelva las discrepancias que sobre el ámbito de competencias y otros asuntos han surgido entre esa entidad y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
En comunicación remitida a la ministra del ramo, Luz Helena Sarmiento Villamizar, el procurador delegado óscar Darío Amaya Navas señaló qué tan importante es el papel estatal en la gestión ambiental, como preocupante que esa gobernabilidad falle o esté ausente.
Preocupa al Ministerio Público que las divergencias y discusiones entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y la CDMB deriven en la ausencia de control institucional que impida al usuario de los recursos naturales saber a ciencia cierta cuál es la autoridad competente ante la cual debe someter la viabilización de sus actividades, e incentive la ilegalidad así como la ausencia de controles y de medidas de mitigación y compensación ambiental.
Precisó el procurador delegado que no es el objetivo ni la competencia de este organismo de control hacer juicios de valor e interpretaciones sobre los contenidos normativos que propiciaron el Acuerdo 016 del 31 de agosto de 2012, que facultó al Área Metropolitana de Bucaramanga para constituirse como autoridad ambiental, pero que le corresponde al Ministerio Público velar por el respeto y vigencia del principio de legalidad y la protección de los intereses colectivos.