Procuraduría solicitó que se declare inexequible el mecanismo de financiación para la creación de las salas de descongestión Laboral de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
• La Corte adelanta la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica los artículos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
• La Procuraduría considera ajustada a la Constitución la creación de las salas de descongestión y solicitó que, a excepción del aparte referente a la financiación, se declare exequible el articulado del proyecto de ley.
Por considerar que la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama Judicial produciría un represamiento judicial mayor al actual y pondría en riesgo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inexequible la vía establecida en el Proyecto de Ley Estatutaria 187 de 2014 Cámara - 078 de 2014 Senado para financiar la creación de las salas de descongestión Laboral de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal adelanta actualmente la revisión de constitucionalidad del citado proyecto de ley, que modifica transitoriamente la integración de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de Casación Laboral, con el objeto de hacerle frente a la grave congestión que existe en ese despacho a causa del crecimiento del número de fallos por las medidas de descongestión aplicadas en los juzgados y tribunales, sin complementos en sede de casación.
Con base en el análisis del proyecto normativo, la Procuraduría encuentra que este no vulnera el ordenamiento jurídico y en este sentido solicitó que se declare exequible, tanto por su aspecto material como formal.
Sin embargo, para este organismo de control es un hecho notorio que la Rama Judicial tiene déficit en materia de dependencias, jueces y empleados, por lo que la manera como se busca generar los recursos para la creación de las salas de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, mediante la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama, generaría un mayor represamiento judicial al que se pretende solucionar, lo que iría en contra del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Por ejemplo, para cubrir la creación de las doce plazas de magistrados que se pretende, habría que eliminar, como mínimo, veinte magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, muy posiblemente de la misma área laboral, o su equivalente en magistrados auxiliares de las altas cortes.
Por tanto, en concepto de la Procuraduría, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben habilitar otras fuentes de financiación para el efecto.