Procuraduría pide a la justicia proteger los derechos de los habitantes de San Andrés
- El organismo de control presentó cuatro intervenciones ante los tribunales superiores de San Andrés y Cartagena.
En cumplimiento de sus funciones de intervención, la Procuraduría General de la Nación presentó cuatro intervenciones judiciales ante los tribunales superiores de San Andrés y Cartagena con el objetivo de proteger el derecho colectivo al medio ambiente sano.
En primer lugar, al evidenciar la problemática ambiental en el cayo Johnny Cay, el organismo de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, presentó una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro del parque. Como medida cautelar, solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay.
Como segunda medida, el Ministerio Público formuló una solicitud de desacato respecto a la sentencia del 17 de febrero de 2014 que amparó los derechos e intereses colectivos y al goce de un ambiente sano, conminando al municipio de Providencia y Santa Catalina para obtener la potabilización del agua del municipio.
Tercero, se instauró un incidente de desacato en contra de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina porque no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) frente al control poblacional en la isla, en cumplimiento con la orden que dispuso, entre otras actividades, ejecutar un contrato de consultoría para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público.
Finalmente, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional en la cual se disponía, entre otras, la prohibición de otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas.
Luego de la visita realizada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez al departamento de San Andrés el 17 de febrero de 2017, se conformó una Comisión Especial que adelantará acciones y hará seguimiento y velará por la protección de los recursos naturales existentes en la Reserva de Biosfera Seaflower.