En Santander, Procuraduría vigila cumplimiento de deberes estatales para con la población con discapacidad

•     Se busca hacer efectivos los deberes legales en materia de vida digna, bienestar, inclusión, salud y educación, de estos ciudadanos especialmente vulnerables.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga prestará vigilancia al cumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales del área metropolitana de Bucaramanga con la población con discapacidad, en especial para con los niños y jóvenes.

Se revisará la armonización de las normas a partir de la política pública disponible en cada municipio, con el conjunto de programas, planes, y actividades en desarrollo de las estrategias que deben ser parte de los planes de Gobierno y de Desarrollo Territorial.

Estas estrategias deben ser coherentes con las respuestas socialmente esperadas, en atención a las necesidades propias de la población con discapacidad desde un análisis previo de contexto, con caracterización e identificación de dicha población joven con discapacidad. 

Se espera que las alcaldías presenten el diagnóstico de cada territorio sobre (i) las características físicas, económicas, culturales y políticas que les son propias, partiendo del reconocimiento de la diversidad existente, (ii) y sobre las necesidades específicas de las personas y las comunidades de acuerdo a su género, edad, pertenencia étnica, localización geográfica, situación socio económica y situaciones de vulnerabilidad como el conflicto armado, las emergencias y los desastres.

Así mismo se deben identificar las necesidades de apoyo que cada persona en esta condición requiere, a partir de sus deficiencias, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación, las cuales se soportan en un enfoque diferencial dinámico y flexible.

Conforme a ese diagnóstico se solicitará la adaptación y condicionamiento de las políticas públicas, teniendo presente el vínculo Estado – Nación – Territorio, orientando su accionar para que la población caracterizada satisfaga sus necesidades, en cumplimiento del orden jurídico y las garantías de los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente se revisarán las acciones coordinadas y articuladas por cada municipio, junto a los procesos contractuales celebrados, buscando la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en atención a las obligaciones y responsabilidades que por norma tienen los mandatarios y, teniendo en cuenta los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que las directrices que trace el Ministerio del Interior para la vigencia 2017.

Mediante esta actuación preventiva, el Ministerio Público vigila el cumplimiento del deber legal en materia de vida digna, bienestar, inclusión, salud y educación, de una población especialmente vulnerable, que irradia a otras poblaciones y necesidades que también buscan el cumplimiento de deberes estatales para el goce y disfrute pleno de sus derechos y los de sus familias.