Se deben fortalecer las normas vigentes para ejercer un adecuado control sobre los estados de emergencia: Procuraduría
Bogotá, 15 de enero de 2021. La Procuraduría General de la Nación señaló que es necesario fortalecer las normas vigentes para ejercer un adecuado control sobre los estados de emergencia que se decreten en el país.
Así lo indicó el órgano de control en el informe ‘El Estado de los Derechos en Estado de Emergencia’, en el que analizó las restricciones, reservas y limitaciones que han sufrido los derechos de los colombianos, de forma directa o indirecta, por las regulaciones adoptadas durante la pandemia por el covid-19.
Para el Ministerio Público se requiere una mayor claridad sobre el alcance del control judicial y político frente a las medidas que se adopten al amparo de esas declaratorias, en particular la emergencia económica, social y ecológica, así como la emergencia sanitaria.
Precisó que la urgencia generada por la crisis del covid-19 llevó al estado colombiano a volcarse de lleno a brindar respuestas, pero en esa reacción se desdibujaron las líneas que deben existir entre las facultades ordinarias de reglamentación y la expedición de normas al amparo de un estado de emergencia. De ahí que medidas como el aislamiento estricto se hubieran aplicado sin ningún tipo de control judicial de proporcionalidad y constitucionalidad.
“Los riesgos de no contar con fronteras claras son enormes, se ponen en tela de juicio los principios fundamentales del estado liberal y social de derecho, que son la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y los límites a las ramas del poder público”, consignó el informe.
Restricción a derechos de los ciudadanos
Agregó que se debe crear un mecanismo automático de control judicial de constitucionalidad de todas las medidas que limiten derechos fundamentales de los ciudadanos, pues “si bien el Estado debe tener herramientas para actuar de manera rápida y eficiente ante una emergencia, esta posibilidad no puede implicar restricciones innecesarias, excesivas o desproporcionadas de los derechos fundamentales”.
Señaló que se requieren normas que no se limiten a exigir un análisis de conveniencia, conexidad y razonabilidad, sino que deben consignar de manera precisa qué derechos, garantías y libertades pueden limitarse, así como los criterios para evaluar el alcance legítimo de las restricciones que se quieran imponer.
Insistió en que esa revisión debe exigir una motivación clara en términos de proporcionalidad, una justificación de la medida adoptada frente a otras alternativas y, finalmente, criterios temporales claros para diferenciar una situación de emergencia de una eventual estabilización de las circunstancias.
“Se requiere una revisión que permita prever de qué manera los ciudadanos verán restringidos sus derechos en la práctica por la adopción de medidas, garantizando que en su puesta en marcha sean proporcionales”, precisó el documento, haciendo énfasis en la necesidad de superar las evaluaciones en abstracto y anticipar en lo posible el impacto de las medidas según el contexto. Entre otros, se refirió al impacto diferenciado del aislamiento obligatorio para el ejercicio de derechos como la educación o el acceso a la justicia, debido a la brecha digital que existe entre las distintas regiones y entre el campo y las ciudades.
La Procuraduría urgió para que se fortalezcan los controles a las políticas de gestión de crisis en las regiones, pues las autoridades locales deben tener no solo la facultad, sino el deber, de adaptar las disposiciones generales, legislativas y reglamentarias a sus características y particularidades, para hacer frente a situaciones extraordinarias garantizando la menor restricción de derechos frente a las necesidades particulares de su contexto.
En el informe, elaborado por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, se analizaron más de 70 decretos legislativos, resoluciones, circulares, protocolos y directivas emitidas entre marzo y septiembre de 2020, durante la emergencia económica, social y ecológica y la sanitaria, por la Presidencia de la República, los ministerios de Salud y Protección Social, Transporte, Trabajo y Educación Nacional, la Aeronáutica Civil, el Icfes - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – y las superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiera. También se examinaron 19 acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura firmados en ese mismo periodo.
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MLN/mln | Fecha Publicación: viernes, 15 enero 2021 08:24 AM