Se ha privilegiado desigualdad en el trato a adolescentes infractores frente a garantías procesales que tiene el adulto en el Sistema Penal Acusatorio: informe de la Procuraduría

 

La Procuraduría General de la Nación le presentó al país un detallado diagnóstico sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) periodo 2012 - 2013, elaborado a partir de las respuestas que las entidades concernientes a este sistema dieron a los requerimientos formulados por el Ministerio Público, y de los resultados de las visitas practicadas por los procuradores judiciales de familia a las unidades de atención para adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, aseguró que le preocupa a este organismo de control “el fracaso del sistema” tal como está hoy concebido: “Consideramos que no se está teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño ni las normas del Código de la Infancia, y el modelo se ha estructurado como un apéndice del sistema Penal Acusatorio. La dimensión correccional, la situación irregular que era lo que caracterizaba el Código del Menor, es la que se ha estado aplicando”, señaló, al tiempo que manifestó que tal como está concebido el sistema, urge una reforma estructural por parte de todos los operadores.

 

Según los resultados de este informe de vigilancia superior, los adolescentes están siendo juzgados incluso cuando se ha probado que tienen serios problemas de adicción a sustancias psicoactivas, lo que los haría inimputables.

 

La funcionaria indicó que, si bien es cierto los menores de edad deben ser responsables por los actos que han realizado, también lo es que deben ser tratados conforme a la dignidad que les corresponde, pero lo que se ha evidenciado es que no ha sido considerado el enfoque diferencial que exigen la Constitución y los tratados internacionales, y que el adolescente infractor se sigue viendo más como un delincuente que como un sujeto titular de derechos. De hecho aseguró que se ha privilegiado una desigualdad en el trato a los adolescentes infractores frente a las garantías procesales e institucionales que tiene el adulto en el Sistema Penal Acusatorio.

 

La procuradora Hoyos Castañeda llamó la atención sobre la necesidad de adoptar políticas de prevención de la delincuencia juvenil, que involucren tanto al sector educativo como a las familias: “Cuando uno tiene la posibilidad de interactuar en casos concretos del sistema encuentra una problemática compleja de adolescentes que han sido abusados, que han sido utilizados por bandas criminales, que han sido objeto de violencia intrafamiliar. La violencia se repite, y por eso también los grupos al margen de la ley están tratando de utilizar a los menores de edad”.

 

De otra parte, la procuradora delegada insistió en la falta de articulación y la ausencia de un órgano rector del SRPA: “El Ministerio de Justicia no ha asumido las funciones de coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El Gobierno Nacional prometió en Ginebra en marzo de este año que expediría rápidamente un decreto para dar la responsabilidad, y a la fecha eso no ha sido posible”, señaló. 

 

Una de las dificultades que enfrentó la Procuraduría para la elaboración de este informe de vigilancia superior fue la inconsistencia de las cifras aportadas por las fuentes consultadas, y justamente en las observaciones este organismo de control hizo referencia a la necesidad de fortalecer los sistemas de información en todas las entidades que forman parte del SRPA.

 

El delito de mayor ocurrencia por parte de los adolescentes en todo el país sigue siendo el hurto, ante lo cual se planteó la necesidad de analizar si este tipo de hechos delictivos amerita toda la infraestructura del SRPA. El informe da cuenta asimismo de que en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín han aumentado los delitos de homicidio y lesiones personales. 

 

En referencia a la justicia restaurativa en el marco del SRPA, la procuradora delegada señaló que esta debe considerar el restablecimiento de la dignidad y los derechos fundamentales del adolescente infractor, y buscar los mecanismos que le permitan reincorporarse a la sociedad, continuar su proyecto de vida y evitar la reincida en hechos delictivos: “Nada de esto se está haciendo porque el enfoque sigue siendo correccional y privativo de la libertad (…) La intervención psicosocial se reduce a un deficiente y obsoleto modelo pedagógico que desconoce los estándares internacionales en materia de  justicia penal juvenil”, aseguró la funcionaria durante la presentación del informe.