Se perdió oportunidad de mejorar la situación de derechos de los adolescentes y los jóvenes en conflicto con la ley penal en el Plan Nacional de Desarrollo: Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación evidenció durante un reciente debate de control político sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA), que se perdió la oportunidad de priorizar este sistema judicial y de asegurar recursos financieros en el orden nacional y territorial suficientes para su óptimo funcionamiento, pues en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se limitó a confirmar su finalidad restaurativa (ya establecida en el Código de la Infancia y la Adolescencia) y a anunciar recursos en el marco de la Ley 55 de 1985, sin que se identifiquen mecanismos eficaces para garantizar la continuación del proyecto de vida de los adolescentes en condiciones de dignidad, una vez cumplan las sanciones que se les han impuesto.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, advirtió que el anterior Plan Nacional de Desarrollo, aunque sí estableció la priorización de este Sistema con especial énfasis en la readecuación y el mejoramiento de la infraestructura de las unidades de servicios donde los adolescentes cumplen las sanciones, no se tradujo en una realidad concreta de fortalecimiento y por el contrario, durante la ejecución del mismo, la crisis se profundizó en ciudades como Bogotá, Cali y en el Eje Cafetero por la falta de compromiso de las autoridades nacionales y territoriales.
Esta afirmación está contenida en el Segundo Informe de Vigilancia Superior elaborado por este organismo de control, que cubre los años 2012 y 2013, como quiera que las recomendaciones formuladas por la Procuraduría son prácticamente las mismas que se plantearon en el primer informe, presentado en diciembre de 2012. Es decir que las problemáticas identificadas persisten y así también lo corroboran los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Verificadora del Congreso de la República.
La procuradora delegada aseguró que hay una clara ausencia de articulación entre el SRPA, no sólo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como órgano rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sino también con los sistemas nacionales de Juventud, de Educación, de Salud y de Reparación Integral a las Víctimas, entre otros, lo cual ha conducido a una deficiencia en la prestación de los servicios sociales básicos para que los adolescentes y los jóvenes sean tratados con la dignidad que merecen, más aún cuando muchos de ellos han sido instrumentalizados por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.
En igual forma, la funcionaria expresó su especial preocupación por cuanto: (i) el Ministerio de Justicia y del Derecho anunció en el 2013 la expedición de un decreto que permitiría un mejor desarrollo de las funciones de coordinación del SRPA que le fueron atribuidas en el Decreto 2897 de 2011, sin que a la fecha la Procuraduría conozca la propuesta definitiva de esta regulación; (ii) el Ministerio de Educación ha incumplido el compromiso de generar y materializar el derecho a la educación de los adolescentes y los jóvenes infractores, a través de la expedición de un Decreto que permitiría una oferta flexible educativa y pertinente para esta población, compromiso adquirido en el 2013 en el marco del Consejo de Política Criminal sobre el SRPA por la ministra de Educación Nacional de ese entonces, y (iii) el ICBF mantiene en la actualidad los mismos lineamientos técnicos del 2010 para el Sistema, y no ha modificado el o los modelos pedagógicos para el cumplimiento de las sanciones con una auténtica finalidad restauradora, sino que continúa(n) basándose en el enfoque correccional del Código del Menor, soportado en la irregularidad y la peligrosidad de los adolescentes y los jóvenes, lo cual claramente es inaceptable.
Al llamado de la procuradora delegada se sumaron el de la mayoría de los representantes a la Cámara presentes en el debate, en el sentido de que se requiere que las autoridades convocadas cumplan, a la brevedad posible, los compromisos que vienen anunciando para optimizar el funcionamiento del Sistema, así como las recomendaciones que se les ha formulado desde de la expedición del CONPES 3629 de 2009 (que perdió vigencia en diciembre de 2014), y que se implementen políticas públicas que hagan efectivos los derechos de los adolescentes y jóvenes que incurren en la comisión de delitos.