Se reanudará audiencia contra exdirector de Indersantander
• Por presuntas irregularidades en desarrollo de un convenio suscrito para la realización de los juegos deportivos intercolegiados nacionales de 2011, por valor de $2.084.250.000.
• La audiencia que se suspendió el 29 de septiembre de 2016, a petición del apoderado de oficio, se reanudará este martes 4 de octubre de 2016 a partir de las 9 de la mañana, en la Procuraduría Regional de Santander.
La Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia pública al señor William Andrés García Becerra, quien para la época de los hechos ostentaba el cargo de director del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander (Indersantander), en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Santander.
El ente de control investiga al entonces director por el presunto incumplimiento de una decisión administrativa adoptada en el acta de liquidación – terminación del convenio 272 de 2011, suscrita en el 2013, en la cual se estableció entre las partes, el compromiso de reintegrar a Coldeportes los recursos no invertidos, en un término máximo de dos meses, que se cumplían el 7 de agosto de 2013. Este plazo fue incumplido y luego de transcurridos dos años Coldeportes inició el cobro coactivo, que finalmente fue asumido por Indersantander.
La nueva administración de este instituto departamental tuvo que responder a Coldeportes por la suma $176.306.589 que al indexarle al capital los intereses corrientes ascendió a $311.129.818 de pesos.
El citado convenio que se celebró con el objeto de operar administrativa y logísticamente la realización de los juegos deportivos intercolegiados nacionales del año 2011- categoría A, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la subdirección técnica de Coldeportes, tuvo un valor de $2.084.250.000.
Para el órgano de control el investigado pudo haber incumplido la Ley 734 de 2002 que en su artículo 35 establece “A todo servidor público le está prohibido: (…) 24. Incumplir cualquier decisión (…) administrativa, (…) en razón o con ocasión del cargo o funciones (…)”.
Teniendo en cuenta que el entonces funcionario comprometió con su proceder a la administración a pagar una suma superior, perturbando el funcionamiento normal de la entidad a su cargo, la Procuraduría calificó su falta como grave a título de culpa gravísima, en esta etapa del proceso.
Entre las normas presuntamente transgredidas la Procuraduría citó el Artículo 123 de la Constitución Política que establece que los servidores públicos “están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (…)”.
Finalmente precisó el Ministerio Público que esta audiencia había sido convocada inicialmente para el 29 de septiembre de 2016, pero a petición del defensor de oficio fue aplazada para el martes 4 de octubre de 2016, a partir de las 9:00 de la mañana.