Sentencia que protege al Río Atrato se puede extender a otras fuentes hídricas del país
La protección que otorgó la Sentencia T-622 de 2016 al Río Atrato se convertirá en un piloto en la gestión ambiental del país y podrá ser replicada en otras fuentes hídricas.
Esta fue la conclusión del conversatorio sobre la Sentencia de la Corte Constitucional ‘Río Atrato sujeto de derechos’, en el que participaron los magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos; de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalve; la abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, Ximena González y el Procurador Regional Chocó, Richard Moreno Monsalvo; espacio que fue moderado por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga.
En su intervención, el Delegado aseguró que uno de los propósitos del Ministerio Público ha sido la protección de los recursos hídricos y se comprometió a ser el guardián no solamente del Río Atrato, sino de todos los afluentes del país.
Ximena González considera la sentencia como una oportunidad real para el departamento del Chocó, lo que demandará la articulación de acciones entre las comunidades, las instituciones, la academia local y nacional para “la generación de conocimiento y superación de los problemas”.
Llamó a que los derechos bioculturales y el enfoque ecocéntrico no se queden en la parte considerativa de la sentencia y se traduzcan en acciones concretas y dijo que lo que pase con el Atrato y con la implementación de la sentencia “es de importancia nacional”.
A su turno, el magistrado Rojas Ríos afirmó que la Constitución de Colombia tiene transversalmente definido el cuidado al medio ambiente y explicó que esta decisión vincula a diferentes actores nacionales y territoriales con órdenes claras que deben cumplir.
“Es muy grato que en este momento tan recién salida la sentencia ya estemos sentados aquí hablando de qué vamos a hacer con su aplicación”, puntualizó el magistrado para quien la sentencia no es para enmarcar sino para cumplirla.
Por su parte, el magistrado Aroldo Quiroz dijo que esta decisión se puede extender a todas las fuentes hídricas que estén en las mismas condiciones en las que se encuentra el Río Atrato y agregó que “es importante que la Procuraduría cumpla con el mandato que le dejó la sentencia y (…) que pueda acompañar a todas las personas que van a representar al río”.
Richard Moreno, Procurador Regional de Chocó, manifestó que si el Ministerio Público quiere “tener los pies en los territorios” tiene que estar en las comunidades para que las personas sepan que la Procuraduría existe y que su misión es la de proteger los derechos de los pueblos étnicos y de los ciudadanos, en este caso, compartir el contenido de la sentencia y coordinar con sus autoridades cómo se debe implementar.
Agregó que el segundo propósito de la Procuraduría Regional es la coordinación interinstitucional que manda la sentencia. “Pero en esta coordinación tiene que generarse el elemento de confianza porque no la hay entre la sociedad civil y la institucionalidad”.