Tribunal de San Andrés falló incidente de desacato interpuesto por la Procuraduría General de la Nación contra la Dirección Nacional de Estupefacientes
• Ministerio Público argumentó que la DNE incumplió medida cautelar decretada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés en el caso de las embarcaciones Taru II y Taru III, encalladas en la boca del puerto.
Frente al incidente de desacato interpuesto por la Procuraduría General de la Nación contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación (DNE), en relación con el incumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés en el caso de las embarcaciones Taru II y Taru III, encalladas en la boca del puerto de la Isla, el Tribunal decidió imponer multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales a la directora de la DNE.
Antecedentes
Las embarcaciones de bandera colombiana fueron incautadas por las autoridades antidrogas de San Andrés en el año 2008 y puestas a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes. A petición de esta entidad, el 25 de diciembre del mismo año los barcos fueron llevados al Muelle Departamental; la Sociedad Portuaria notificó lo sucedido a la gobernación, a la Corporación Autónoma Regional “Coralina” y demás autoridades pertinentes para que se decidiera el paso a seguir.
Después de 4 años, Taru II y Taru III siguen en el muelle y el enorme deterioro que presentan las ha convertido en una amenaza ambiental y económica para la Isla.
Como respuesta a una acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés decretó medida cautelar según la cual la DNE debía evacuar de forma segura los líquidos e hidrocarburos que se encontraban al interior de las embarcaciones, y realizar actividades constantes de bombeo para garantizar su flotabilidad.
Incidente de desacato
Ante la evidencia de que la situación de las embarcaciones seguía generando un grave riesgo para la seguridad portuaria y para el equilibrio del ecosistema marítimo, la procuradora judicial Agraria y Ambiental de San Andrés interpuso incidente de desacato.
En inspección judicial realizada el pasado 13 de agosto, se evidenció el avanzado estado de deterioro de la estructura de ambas embarcaciones, la inundación de sus bodegas internas, el inminente colapso de las cubiertas y la disminución de su flotabilidad.
Al fallar el incidente de desacato, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés decidió el pasado 28 de agosto imponer multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales a la directora de la DNE.