Boletín 394
Un llamado urgente a las instituciones encargadas de combatir la problemática generada por la minería ilegal hizo la Procuraduría a instancias de Comisión Regional de Moralización del Cauca
Fuente: PGN
Fecha Publicación:
Ante la grave situación de minería ilegal que afronta el departamento del Cauca, la Comisión Regional de Moralización, de la cual hace parte la Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado urgente a las instituciones involucradas con este tema para que asuman su responsabilidad e inicien acciones contundentes que permitan combatir de manera efectiva esta problemática en el departamento del Cauca.
Compromisos adquiridos
Tras evaluar las actuaciones adelantadas por los entes territoriales se asumieron los siguientes compromisos:
- La Agencia Nacional de Minería suministrará la información técnica minera requerida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC.
- La CRC declarará la emergencia ambiental con fundamento en la información técnica minera suministrada por la Agencia Nacional Minera - ANM, conformará un grupo especial para atender el tema minero-ambiental y fortalecerá las coordinaciones regionales sobre la materia.
- La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantarán las acciones que se deriven de la declaratoria de emergencia ambiental.
La Comisión Regional de Moralización del Cauca exhortó al gobernador del Cauca, a los alcaldes municipales y al comandante de Policía del departamento a dar cumplimiento a la Resolución 464 de 2013 del Ministerio de Transporte y al Decreto 2235 de 2012, referentes a las autorizaciones, permisos y demás exigencias previstas en la ley para el tránsito y uso de maquinaria pesada dentro del territorio de su jurisdicción en actividades mineras.
Finalmente, esta Comisión Regional integrada por representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Consejo Seccional de la Judicatura, pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de Moralización, dirigida por el presidente de la República, la limitación expresada por la Policía Nacional en la aplicación del Decreto 2235 de 2012, en cuanto a la realización de operativos para la destrucción de maquinaria utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales que se estuviesen llevando a cabo sin las autorizaciones y exigencias previstas en la Iey.
Lo anterior teniendo en cuenta que aunque la policía está facultada para realizar este procedimiento de destrucción, en un acuerdo ministerial suscrito para conjurar el paro minero del 2013 se concertó la suspensión de las directrices estipuladas en el mencionado decreto.