373 boletín
jueves, 23 abril 2015 04:46 PM
"El Incoder no ha superado los graves problemas de gestión": Procuradora general de la Nación (e) en 'Encuentro con el sector agrario'
• “La gestión del Incoder está delimitada por su debilidad institucional y por su falta de credibilidad y legitimidad”, señaló la jefe encargada del Ministerio Público, Martha Isabel Castañeda Curvelo, quien puntualizó que ello es consecuencia de “la oleada de corrupción que la afectó entre los años 2003 y 2008”.
• Hoy, en Paipa (Boyacá), el Ministerio Público presentó el estudio “Reflexiones sobre el Incoder y la institucionalidad agraria en Colombia”.
• Al evento asistieron autoridades agrarias y administrativas regionales y nacionales, así como los procuradores judiciales del país.
• Más de 150 asistentes conocieron los avances del cumplimiento de la sentencia T-488 del Consejo de Estado, temática a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Incoder.
En desarrollo del “Encuentro del sector agrario y la Procuraduría General de la Nación”, llevado a cabo el día de hoy en Paipa (Boyacá), la procuradora general de la Nación encargada, Martha Isabel Castañeda Curvelo, presentó las conclusiones del más reciente estudio elaborado por el Ministerio Público sobre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la institucionalidad agraria en Colombia.
Según la alta funcionaria, este diagnóstico ayuda a saber “qué está pasando en la institucionalidad agraria, cómo ha sido el desarrollo de las políticas agrarias en los últimos años y cómo podemos incidir desde nuestra perspectiva en la construcción de una política pública de acuerdo a las necesidades y realidades”.
Se advierte “una institucionalidad agraria débil, sin rumbo, sin capacidad de gestión ni presupuestal, con grandes debilidades en lo técnico, social, económico y ambiental”, precisó la procuradora general (e).
En dicho ejercicio de diagnóstico, elaborado por los procuradores judiciales ambientales y agrarios intervinientes de todo el país, “se establece que el Incoder no ha superado los graves problemas de gestión que se traducen en ineficiencia e inapropiada prestación del servicio, situación que es imputable a una excesiva centralización, a plantas de personal insuficientes en las territoriales y a la falta de credibilidad y legitimidad”, puntualizó la procuradora (e), quien resaltó como algunas de las causas “los actos de corrupción flagrante y cooptación por grupos armados al margen de la ley”.
Ante el análisis del Ministerio Público y los resultados de dicha investigación sobre el Incoder, la jefe encargada del órgano de control propuso “considerar una reestructuración de esa entidad que contemple incluso su supresión, porque es una institución que quedó debilitada por la oleada de corrupción que la afectó entre los años 2003 y 2008 y que se manifiesta en los 141 procesos disciplinarios abiertos en contra de funcionarios de esa entidad, de los cuales, el 57% son relacionados con la adquisición de predios no aptos para adelantar programas de reforma agraria y sobre costos en los precios de adquisición”.
Algunas de las irregularidades identificadas señalan que: se dio la compra de predios situados en zonas de inundación, terrenos pedregosos y sin fuente de agua, sin vías internas adecuadas para transportar los productos de los proyectos que se pretendieron desarrollar, predios improductivos sin infraestructura, en zonas inestables, predios sin vocación agrológica, es decir, no aptos para adelantar programas de reforma agraria.
El estudio elaborado “dejó en evidencia que la entidad (Incoder) se puso al servicio de actores violentos y en contra del campesinado, que se convirtió en su víctima”, aseguró la representante del Ministerio Público, quien no dudo en expresar que “la gestión del Incoder está delimitada por su debilidad institucional y por su falta de credibilidad y legitimidad”.
“Es necesaria una institucionalidad fuerte para el campo, independientemente de escenarios de posconflicto”, agregó la procuradora (e).
Finalmente la alta funcionaria enfatizó “no es la suscripción del acuerdo de paz del que deriva una mayor cobertura para atención de salud o una mayor cobertura de cupos para colegios, simple y llanamente son cometidos estatales que deben ser cumplidos por las entidades del orden nacional y local, es decir una buena gestión y una política adecuada no están supeditadas a ningún documento exterior al que define la Constitución política de Colombia”.
“La Procuraduría General de la Nación reitera que está dispuesta, a través de todos sus funcionarios, a cumplir y hacer que se cumplan con los cometidos estatales que nos rigen”, señaló.
PGN | Fecha Publicación: jueves, 23 abril 2015 04:46 PM