94 boletín
martes, 10 febrero 2015 11:47 AM
"El Pacto para la Paz pretende garantizar que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir": Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado
• El jefe del Ministerio Público participa a esta hora en el conversatorio 'Pacto por la Paz', realizado por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) en la ciudad de Bogotá.
• "El Pacto para la Paz es una propuesta concreta: Un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC", explicó.
• “Nada se obtendría si el acuerdo que se logre con las FARC se convierte en una burla para ese grupo o si los compromisos que la guerrilla adquiera terminan siendo una burla para la sociedad colombiana”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
• "Es inaceptable que se pretenda igualar institucionalmente a las Fuerzas Armadas con las FARC, manipulando en discursos el Derecho Internacional Humanitario (…) Nuestros militares no pueden ser nuevamente sacrificados”, señaló el jefe del órgano de control.
“Los mecanismos de justicia transicional deben observar los estándares señalados por la Corte Penal Internacional y deben atenerse a los mínimos reconocidos por la Corte Constitucional en las sentencias C 579 de 2013 y C 577 de 2014”, dijo este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo del conversatorio ‘Pacto por la Paz’, que se realiza por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) en la ciudad de Bogotá y en el que participan las excandidatas presidenciales Martha Lucía Ramírez, Clara López Obregón, el excandidato vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo, el analista León Valencia, el senador Luis Fernando Velasco y el periodista Plinio Apuleyo Mendoza.
En su intervención, el jefe del Ministerio Público reiteró su llamado frente a la necesidad de un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales del país para garantizar que eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista FARC sean sostenibles y respondan a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.
“El Pacto para la Paz es una propuesta concreta: Un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC. Pretende garantizar que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir. El éxito de un proceso de paz no es la firma de un Acuerdo de Terminación del Conflicto, sino que lo que se acuerde se haga realidad”.
Según la propuesta de la Procuraduría General de la Nación, en este escenario deben estar quienes impulsan y quienes critican las actuales negociaciones de paz en La Habana, sin que los segundos sean “estigmatizados y criminalizados como enemigos de la paz, lamentable discurso en el que coinciden el Gobierno Nacional y las FARC”.
“Hay que tener claro que un Pacto para la Paz resulta de la concurrencia del mayor número de voluntades, del debate de distintos puntos de vista, nunca de la imposición, menos de pretender obligar a las fuerzas que participan de la vida democrática e institucional del país a plegarse. Hay que tener claro que la construcción de la paz no puede ser el simple acuerdo de una élite gubernamental y una elite criminal encarnada en las FARC. Entre la élite del jockey club y los señores de las FARC. Es cierto que la conducción del proceso le corresponde a quien ejerza la Presidencia de la República, pero no debe olvidarse que constitucionalmente la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y es con todos los sectores sociales y políticos con la cual se debe hacer realidad”, agregó.
El procurador Alejandro Ordóñez también enumeró las variables que en su concepto no pueden considerarse ‘Pacto para la Paz’.
“El Pacto para la Paz no corresponde, de ningún modo, al ‘nuevo pacto social’ al que el presidente Juan Manuel Santos se refirió el año pasado. No corresponde ni en su forma, ni en su alcance, ni en su contenido. Menos en la forma de alcanzarlo. El Pacto para la Paz no es un enunciado que se refiere a un ‘país próspero y con ‘equidad’. El Pacto para la Paz tampoco es un pacto de impunidad que busque una simetría de beneficios a los victimarios, sean estos de las guerrillas, de las autodefensas ilegales o de aquellos miembros de la Fuerza Pública que deshonraron la institución militar, al cometer violaciones a los Derechos Humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Para ello, puntualizó, es necesario que los cabecillas de la organización ilegal reconozcan su condición de victimarios y cumplan con sus deberes de verdad, justicia y reparación frente a las víctimas de décadas de su accionar criminal.
“Según estos señores, es inadmisible que el Estado sea juez y parte. Es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Imposible para ellos cumplir una pena, imposible aceptar el marco jurídico para la paz y la jurisprudencia constitucional. Las FARC obvian que es a ellos mismos a quienes más conviene penas razonablemente reducidas pero efectivas de prisión”, explicó.
El procurador Ordóñez resaltó la misión de los oficiales en retiro de nuestras Fuerzas Armadas en la construcción del ‘Pacto para la Paz’ y aseguró que en el escenario actual de la Nación “a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía se les debe dar seguridad jurídica plena".
"Es inaceptable que se pretenda igualar institucionalmente a las Fuerzas Armadas con las FARC, manipulando en discursos el Derecho Internacional Humanitario (…) Nuestros militares no pueden ser nuevamente sacrificados en escenarios en los que la guerrilla sale a gobernar", analizó.
Igualmente advirtió que ni en la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba) o en futuras que se realicen con grupos al margen de la Ley puede pactarse el futuro de los hombres y mujeres que han sacrificado su vida y su seguridad por defender la institucionalidad en tantos años de conflicto armado.
“La Fuerza Pública, su estructura, funcionamiento, tamaño, capacidades, adaptación a los cambios de la amenaza, es decisión de las instituciones democráticas. Jamás puede resultar de una negociación con las FARC o el ELN”, concluyó.
PGN | Fecha Publicación: martes, 10 febrero 2015 11:47 AM