"El acuerdo ofrece una falsa seguridad jurídica a FARC y a Fuerza Pública, ese es el abrazo de la serpiente": Procurador Alejandro Ordóñez

• El jefe del Ministerio Público advirtió a FARC y Fuerzas Militares frente al incumplimiento de los estándares internacionales de justicia en el acuerdo alcanzado en La Habana. “Les están metiendo los dedos a la boca a unos y a otros, esa impunidad difícilmente será sostenible en el tiempo”, manifestó.

• "El trabajo comunitario, más que sanción, se convierte en un elemento de proselitismo político de las FARC (…) La reforma tributaria que se viene es para financiar las obras y el proselitismo político de las FARC", aseguró en la audiencia pública ‘Derechos Humanos frente al acuerdo de La Habana’, realizado hoy en el Congreso de la República. 

“El acuerdo de La Habana protege a la cúpula de las FARC, a la cúpula del grupo armado ilegal que ejerció el mando sobre el aparato violento. El Gobierno se comió el anzuelo: para concederle impunidad a la cúpula de las FARC entonces la concede a los agentes del Estado y creen que con generalizar la impunidad se blinda el acuerdo. Generalizando la impunidad se dejan desguarnecidos a unos y a otros”, advirtió este jueves el procurador general de los colombianos, Alejandro Ordóñez Maldonado.

En su intervención en la audiencia pública ‘Derechos Humanos frente al acuerdo de La Habana’, realizado en el Congreso de la República, el jefe del Ministerio Público reiteró que generalizar la impunidad en nombre de la paz significaría la eventual activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Colombia y la total “inseguridad jurídica” para cabecillas de la guerrilla y mandos de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía.  

“Les están metiendo los dedos a la boca a unos y a otros, esa impunidad difícilmente será sostenible en el tiempo. Con el afán de legitimar la decisión de no imponer penas de reclusión a los responsables de atrocidades de las FARC, el Gobierno hábilmente y aprovechando la percepción de falta de garantías judiciales que se ha generado al interior de la Fuerza Pública, promete extender similares beneficios a militares y policías (…) Lo que ‘Timochenko’ y el presidente Santos les ofrecen es una absoluta inseguridad jurídica”, precisó.

“Les están dando un pasaporte directo, sin escalas, a la CPI”, agregó.

“Parte de la reforma tributaria que se nos viene, es para financiar las obras de las FARC”

El jefe del órgano de control analizó que el mencionado acuerdo es presentado como un “gran instrumento de justicia” cuando en realidad protege a los perpetradores de crímenes atroces, les impone penas simbólicas, desconoce los derechos de las víctimas y promueve que los victimarios de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios elijan la pena y el lugar en donde la cumplirán.

“El Gobierno hace pedagogía de la impunidad, planteando que el acuerdo es el gran instrumento de justicia, pero esos trabajos comunitarios más que ser sanciones, se convierten en elementos de proselitismo político. Las sanciones consistentes en obras, actividades y trabajos son labores con las cuales se espera beneficiar a comunidades enteras, su ejecución servirá para el proselitismo político porque buscan transformar la imagen de las FARC y pretender legitimar al grupo como actor político. Quieren generar simpatías políticas en la ciudadanía a través de obras que serán financiadas con los recursos del Estado”, aseguró.

“No se financiarán las obras con los recursos de las FARC. Dicen: yo quiero construir ese puente y esa es la sanción. El Estado financia la construcción del puente, esa es la sanción. Los impuestos nuestros, parte de la reforma tributaria que se nos viene, es para financiar las obras de las FARC”, explicó.

La intervención completa del procurador Alejandro Ordóñez se dio en desarrollo de la audiencia pública ‘Derechos Humanos frente al acuerdo de La Habana’, organizada por las comisiones de DDHH del Senado de la República y la Cámara de Representantes.   

PGN | Fecha Publicación: jueves, 28 enero 2016 02:39 PM