"El alto número de ocupaciones ilegales de bienes de uso público afecta derechos colectivos tales como al espacio público y a un ambiente sano", procurador Alejandro Ordóñez Maldonado

 

 

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado instaló esta mañana el “II Seminario Internacional sobre Protección, Defensa y Recuperación de Bienes de Uso Público”, junto con el coordinador general de la Dirección Marítima (DIMAR), capitán de Navío Esteban Uribe Alzate, en el auditorio Antonio Nariño de la sede principal de la Procuraduría.

 

El jefe del Ministerio Público, en su intervención, aseguró que contará “con la participación de conferencistas internacionales que enriquecerán el debate con las experiencias exitosas y dificultades en estas materias registradas en países tan importantes como México, Perú y Costa Rica”, como ejemplo de aplicación a Colombia.

 

Sobre el papel de la Entidad que dirige, afirmó que busca “acompañar el ciclo de políticas públicas ampliada para las zonas de litoral con otro tipo de ocupaciones irregulares”, por lo que se propuso a las entidades la creación de escenarios académicos y de construcción de conocimiento aplicado, realizando diversos eventos y mesas de trabajo, como en esta oportunidad.

 

Este evento, “se da como respuesta a la grave problemática que afecta a Colombia por el alto número de ocupaciones ilegales de sus bienes de uso público, más de 29 mil 145 casos según el reporte de la DIMAR  en el 2014, afectando derechos colectivos tales como al espacio público y a un ambiente sano”, resaltó el doctor Ordóñez Maldonado.

 

Profundizando un poco en la grave problemática que tiene nuestro país en este tema, el procurador general señaló que “lamentablemente, año tras año se incrementan hasta en un 5% las ocupaciones y apropiaciones ilegales por parte de personas naturales y en no pocos casos, de empresas privadas, de los bienes de uso público como lo son nuestras playas, litorales y zonas de bajamar, de los parques naturales, de las tierras comunales de grupos étnicos y de los resguardos, mientras que las recuperaciones efectivas no llegan al 1%”.

 

“Adicionalmente, más de cien mil (100.000) predios del Estado carecen de titulación y saneamiento lo cual los hace aún más vulnerables”, concluyó el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

 

Por su parte, la doctora Gladys Virginia Guevara Puente, procuradora delegada para Asuntos Civiles, en diálogo sostenido con los medios de comunicación, indicó que la mayor cantidad de ocupaciones ilegales en las playas son “los relacionados con asentamientos palafíticos en ciudades como Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca) y en la Ciénaga de Santa Marta (Magdalena), con una alta concentración, aproximadamente 25 mil familias que están viviendo en ese tipo de construcciones y en condiciones de pobreza, salud y ambiente muy delicadas”. De igual forma hay “grandes construcciones que se están haciendo en terrenos de playas”.

 

Al consultársele sobre el caso del Hotel Hilton de Cartagena, la procuradora delegada aseguró que “ya hay una sentencia del Consejo de Estado y la Procuraduría está trabajando en la Comisión de Seguimiento de Cumplimiento a esa decisión”. En el fallo se ordenó al complejo hotelero la construcción de un parque en la ciudad de Cartagena y su mantenimiento durante 30 años, hecho que hasta el momento no se ha cumplido.