"El camino hacia la paz pasa por la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud": Procuraduría General de la Nación

• Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia presentó resultados de la vigilancia superior a inclusión de temas de infancia, adolescencia y juventud en planes de desarrollo territorial.

• En términos generales, se evidencia un mejoramiento considerable en los diagnósticos, en el diseño de estrategias y programas específicos dedicados a esta población, y en la definición de presupuestos para su realización.
 

El informe de vigilancia superior a los planes de desarrollo de los actuales alcaldes y gobernadores del país en materia de infancia, adolescencia y juventud, fue presentado por parte de la Procuraduría General de la Nación, durante el XIV Encuentro de Gobernadoras y Gobernadores en el marco de la estrategia “Hechos y Derechos”, que se lleva a cabo en la capital del Tolima.

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que los planes de desarrollo son el referente para la gestión de las entidades públicas en torno a los propósitos del Estado, por lo que en este caso se evaluó, respecto de las garantías de los derechos fundamentales de la infancia, la adolescencia y la juventud, si existen diagnósticos claros y pertinentes, si se contemplan estrategias y programas específicos dedicados a esta población, y si se definieron presupuestos para su realización: “planear el desarrollo es planear la paz”, aseguró.

Respecto de la estrategia “Hechos y Derechos”, la doctora Hoyos Castañeda hizo un balance sobre los logros de la última década, destacando la continuidad de los proyectos (más allá de los periodos de las administraciones territoriales), así como los avances en la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales, al tiempo que destacó que aún hay muchos retos, como el de la coherencia entre los sistemas de información y la identificación y superación de desafíos para la construcción de la paz.

Resultados de la vigilancia superior

De acuerdo con el informe preparado por este organismo de control, con el apoyo de Unicef y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que evaluó el 100% de los planes de desarrollo de alcaldías y gobernaciones del país, el 60,6% de las entidades territoriales mencionan a los niños y las niñas en la visión de sus planes de desarrollo e incluyen un objetivo especial para esta población, en el 76% de los casos se establecieron políticas diferenciadas según etapa del ciclo vital, y en el 49% de los planes se precisa una instancia coordinadora para esta temática.

Según la clasificación general por departamentos (precisando que el puntaje corresponde a la sumatoria de la valoración del plan de desarrollo de la respectiva gobernación y de los planes de todos sus municipios), el primer lugar le corresponde al departamento del Tolima, con un puntaje de 93,6, seguido del Magdalena con 86,7; Boyacá con 85,5; Meta con 85,2 y Santander con un puntaje de 84,4. Preocupa la calidad de la planeación territorial en materia de infancia, adolescencia y juventud en los departamentos de Guainía, Vichada, Risaralda y Bolívar, todos con puntajes que no superaron el 60,5, y especialmente en el departamento del Chocó, que obtuvo un puntaje de 36,1.

En la clasificación general por municipios, el primer lugar lo obtuvo Tasco (Boyacá), con un puntaje de 98,2, seguido de Sampués (Sucre), Villavicencio (Meta), Palmas del Socorro (Santander), Pácora (Caldas) y San Pelayo (Córdoba). Los planes de desarrollo municipal que tuvieron las menores calificaciones fueron el de California (Santander) con un puntaje de 10,8; Carmen del Darién (Chocó) con 9,4; Ansermanuevo (Valle del Cauca) con 7,7; Toledo (Norte de Santander) con un puntaje de 5,8 y Pueblo Viejo (Magdalena) con 5,5.

Entre otros aspectos, el informe señala que se debe considerar con mayor énfasis la inclusión de la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en los diagnósticos de los planes de desarrollo de las gobernaciones; asimismo evidencia que las omisiones más frecuentes en la formulación de metas son: la definición del responsable de cada meta, el plazo, los mecanismos para alcanzarla, la línea de base del diagnóstico y los recursos destinados.

Como temas críticos fueron citados: el acceso de niñas y niños a servicios de salud, atención prenatal, lactancia materna, gratuidad en la educación, salud visual, formación para el trabajo orientado a adolescentes y jóvenes, conflicto con la ley penal, violencia sexual, desplazamiento, explotación sexual, sustancias psicoactivas, niños y niñas en situación de calle, registro civil, y participación de los adolescentes.

Conclusiones del informe

En términos generales, se evidencia un mejoramiento en los diagnósticos, en el diseño de estrategias y programas específicos dedicados a la infancia, la adolescencia y la juventud, y en la definición de presupuestos para su realización. De hecho el 100% de las entidades territoriales, incluso las de menor puntaje, registraron algún avance frente a la valoración que se realizó en el 2008.

La procuradora delegada destacó que los próximos procesos de planeación de políticas públicas y planes de desarrollo deben estar orientados hacia la consolidación de la paz, cuyos presupuestos son la reconciliación, la justicia y la garantía efectiva de los derechos. Reiteró el llamado para que se fortalezcan los esquemas de coordinación y articulación entre la Nación y los territorios para fortalecer la gestión pública, e indicó que el desarrollo de competencias país se da si se fortalecen las competencias territoriales. Señaló asimismo que el ejercicio de lo público requiere de instituciones, espacios e instancias que faciliten la participación ciudadana, y que el mejor indicador de una buena planeación es una excelente ejecución.

Finalmente la procuradora delegada reiteró su llamado al ICBF para que ejerza de manera efectiva el liderazgo y coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el que deben confluir esfuerzos de instancias nacionales y territoriales para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país, así como de la institución de la familia: “La Procuraduría hará todo lo que le corresponda, y solicita públicamente al ICBF ejercer la rectoría del Sistema”, indicó la funcionaria.