"El cese bilateral debe tener como límites la seguridad nacional y los derechos de los colombianos": Procurador Alejandro Ordóñez

• “Tiene unos riesgos el anunciar un cese al fuego bilateral antes de concluir en La Habana el punto que tiene que ver con la terminación del conflicto y eso el Gobierno lo había admitido hace algunos años. El mayor riesgo es que se prolonguen indefinidamente las conversaciones”, señaló el jefe del Ministerio Público hoy desde la ciudad de Cartagena.

• “Esto es una formalidad porque el cese al fuego desde hace varios meses ya lo teníamos. Los índices de las actividades militares eran los más bajos de la historia. Si hay un solo acto de violencia, de secuestro, de extorsión o de hostilidad por parte de las FARC en contra de un solo colombiano, el Gobierno debería romper ese cese bilateral”, agregó.

• “La actitud violenta del ELN hace parte de la enseñanza que ha adquirido del proceso de paz que se está desarrollando en La Habana, del ofrecimiento de penas restaurativas frente a los delitos de lesa humanidad, de trabajo social frente a responsables de crímenes atroces. Eso incentiva los actos violentos. Lo que se está haciendo en La Habana es un incentivo para las acciones violentas del ELN en estos días”.

Cartagena (Bolívar), 29 de octubre de 2015. El procurador general de los colombianos, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió en la mañana de hoy sobre los riesgos que conlleva el posible cese bilateral con el grupo terrorista FARC, anunciado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Precisando que esta sería la formalización de un cese que ya se desarrolla en el país y se evidencia en la reducción de acción militar en contra de esa organización criminal, el jefe del Ministerio Público recordó que decisiones de este tipo podrían prolongar las conversaciones entre Gobierno y FARC, que ya completan más de tres años. 

“El cese bilateral anunciado por el Gobierno debe tener dos límites: la seguridad nacional y el derecho de los ciudadanos. Tiene unos riesgos el anunciar un cese al fuego bilateral antes de concluir en La Habana el punto que tiene que ver con la terminación del conflicto y eso el Gobierno lo había admitido hace algunos años. El mayor riesgo es que se prolonguen indefinidamente las conversaciones”, dijo.

El jefe del órgano de control señaló que la oficialización de dicho cese bilateral debe estar condicionada a la desmovilización definitiva y entrega de armas por parte de la organización terrorista, además de otras condiciones del Gobierno Nacional a las FARC para garantizar los derechos de los colombianos y la seguridad en todas las zonas del país.

“Debe ser una condición, una exigencia, que si no se firma la paz el próximo 23 de marzo el cese al fuego tendría que terminarse inmediatamente. Lo que los colombianos queremos es que se firme la paz, no que se prolongue el conflicto y el riesgo del cese al fuego es la prolongación del conflicto, Si hay un solo acto de violencia, de secuestro, de extorsión o de hostilidad por parte de las FARC en contra de un solo colombiano, el Gobierno debería romper ese cese bilateral”, explicó.

Preguntado por periodistas sobre las propuesta de la oposición política frente a una Asamblea Constituyente como mecanismo de refrendación a futuros acuerdos en La Habana (Cuba), el procurador aseguró que independientemente a los criterios en esta materia, se abre una puerta para que el presidente Juan Manuel Santos acepte y promueva un ‘Pacto para la Paz’ que garantice la sostenibilidad jurídica del proceso de paz.   

“Se debe aprovechar la postura del señor presidente Uribe para suscitar un ‘Pacto Para la Paz’. Yo creo que el presidente Santos debería estar dispuesto a concretar un ‘Pacto para la Paz’ sobre unos mínimos que le confieran un blindaje político y jurídico a lo que se pacte en La Habana”.

El procurador Ordóñez insistió en su condena a la cobarde emboscada del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) que significó la muerte de más de una decena de soldados y un policía en el departamento de Boyacá, advirtiendo que estas acciones son consecuencia de las reiteradas tesis y propuestas que pretenden otorgar impunidad a los responsables de atrocidades en Colombia. 

“Esa pedagogía no puede admitirse ni aceptarse. La actitud violenta del ELN hace parte de la enseñanza que ha adquirido del proceso de paz que se está desarrollando en La Habana. El ofrecimiento de penas restaurativas frente a los delitos de lesa humanidad, de trabajo social frente a responsables de crímenes atroces, incentiva al ELN para hacer lo que está haciendo. Es muy grave que frente a esos graves delitos se ofrezcan las penas que se están ofreciendo, como el trabajo social y comunitario. Eso incentiva los actos violentos. Lo que se está haciendo en La Habana es un incentivo para las acciones violentas del ELN en estos días”.

Reiteró el jefe del órgano de control que deben detenerse los diálogos exploratorios con esa organización criminal hasta que no existan reales compromisos de paz.

“Debe el Gobierno colombiano suspender cualquier tipo de conversaciones hasta tanto no se entreguen los soldados secuestrados, hasta tanto no se pongan en libertad inmediata, y reiniciarlos con el compromiso de que no puede haber un muerto más por parte del ELN”.

Las declaraciones del procurador general de los colombianos se dieron desde la ciudad de Cartagena (Bolívar), en desarrollo de su participación en el II Congreso de Contratación Estatal organizado por la Universidad de los Andes.

PGN | Fecha Publicación: jueves, 29 octubre 2015 09:52 AM