Boletín 345

"El desescalamiento del conflicto fue aprovechado por las FARC para engañar al presidente": Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado

Fuente: PGN
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• “Si con el secuestro de un general se suspendió el proceso, ¿qué se deberá hacer con la muerte de 11 soldados de la Patria?", se preguntó hoy el jefe del Ministerio Público desde la ciudad de Medellín (Antioquia).

 
 “Creo que la suspensión de bombardeos no debe producirse antes de firmarse un acuerdo. El cese bilateral que se pretende es un espacio que ha utilizado las FARC, que lo está utilizando, para generar en sus campamentos escenarios blindados a efectos de planear desde allí atentados”, dijo este jueves el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo de su visita institucional a la ciudad de Medellín (Antioquia).
 
El jefe del Ministerio Público calificó como “un acto de ingenuidad” el no desplegar todas las acciones militares posibles en contra del grupo terrorista y consideró que el engaño de esa organización criminal al señor presiente de la República ha costado la vida de once miembros del Ejército Nacional.
 
“Si con el secuestro de un general se suspendió el proceso, ¿qué se deberá hacer con la muerte de 11 soldados de la Patria?”, se preguntó.
 
“El ‘desescalamiento’ del conflicto, se ha demostrado, fue aprovechado por las FARC para engañar al presidente y para continuar con las acciones contra las Fuerzas Militares y contra la población civil, incluso para incrementarlas”, agregó.
 
Las declaraciones del procurador general de la Nación se dieron desde la ciudad de Medellín, donde el jefe del Ministerio Público presidió la jornada de regionalización y Ley de Víctimas organizada con personeros municipales de cinco departamentos y autoridades locales.
 
En su intervención en este evento, el jefe del órgano de control reiteró que la Procuraduría General de la Nación radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la prórroga del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras), de manera que quienes se consideren víctimas por hechos ocurridos antes del 10 de junio de 2011, tengan un año más para poder rendir su declaración ante el Ministerio Público.  
 
Dicho plazo se cumple el próximo 10 de junio.
 
“Este organismo de control insta al Gobierno Nacional para que se envíe mensaje de urgencia al Congreso para el trámite de dicha iniciativa. De ser aprobado por el Congreso, se brindarían prontas y definitivas soluciones a estas comunidades y personas, algunas de las cuales no cuentan con la suficiente información, conocimiento, orientación y acceso a las garantías de las que son titulares conforme a la ley”, manifestó.
 
 

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