"Es momento de empezar a sancionar penalmente a quienes incurran en delitos contra los recursos naturales del país", Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación
• Procurador propuso armonizar el compromiso institucional por parte del Ejecutivo, con los esfuerzos de los organismos de control que permitan adoptar medidas más racionales que el simple incremento de penas y endurecimiento de la política criminal.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, participó en el Seminario Internacional Delitos Sobre el Medio Ambiente, Hidrocarburos y Minería en Colombia, llevado a cabo el día de hoy en la Universidad del Rosario, en Bogotá D.C., en el que presentó diferentes reflexiones sobre el delito de la minería ilegal en el país y el papel del Ministerio Público frete a este tipo de ilícitos.
El doctor Ordóñez Maldonado aseguró sobre la conservación de los recursos naturales del país, que “es indispensable para nuestro desarrollo sancionar penalmente a quienes atenten contra ellos, por eso, el Código Penal colombiano incluye entre otros delitos el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, entendido como la apropiación, introducción, explotación, transporte, tenencia, tráfico, comercio, exploración, aprovechamiento o beneficio propio de los especímenes, productos o partes de los fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana”.
En el mismo sentido, el jefe del Ministerio Público manifestó que “es momento de empezar a sancionar penalmente a quienes incurran en delitos contra los recursos naturales del país, la protección de nuestro entorno es esencial para nuestro derecho fundamental de supervivencia”, agregando que “La protección al medio ambiente, surge en la constitución del 91 como un gran avance que protege el derecho ambiental como derecho fundamental de segunda generación”.
Afirmó el procurador que “al connotar el carácter organizado del delito de minería ilegal, la respuesta político criminal, tanto preventiva como de control por parte del Estado no puede hacerse esperar, es necesaria la conformación de nuevos grupos de trabajo especializados en el análisis y caracterización de esta particular forma de delincuencia para agilizar y efectivizar la detección de la conducta y la persecución de los autores y partícipes de la misma”.
Por otra parte, en el campo de la política, “es particular la repercusión del ejercicio de la minería ilegal, se evidencia la incidencia mediata que esta práctica ejerce en el campo de la administración pública al permear la financiación de las campañas políticas, amenazando la estabilidad democrática del Estado social de derecho”, aseveró el jefe del ente de control.
Finalmente, como parte de la estrategia para combatir este flagelo, afirmó que “el compromiso institucional por parte del ejecutivo, armonizado con los esfuerzos de órganos jurisdiccionales y los organismos de control, permitirá adoptar medidas mucho más racionales que el simple incremento de penas y endurecimiento de la política criminal”.
En este seminario también intervino el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, exponiendo las políticas criminales de Colombia.