"Estado venezolano ha escalonado el conflicto y por eso el Gobierno y la diplomacia colombiana deben actuar de manera inmediata y contundente": Procurador Alejandro Ordóñez

• El jefe del órgano de control, quien hace semanas visitó Paraguachón y advirtió sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en zona de frontera en La Guajira, anunció la presencia institucional y acciones del Ministerio Público para articular desde el día de mañana nuevas estrategias de atención estatal a las víctimas colombianas del Gobierno de Venezuela.  

• En sus declaraciones, el procurador Ordóñez explicó la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio Público a la sentencia de la Corte Constitucional en el caso del joven Sergio Urrego y analizó los riesgos de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a la actriz Carolina Sabino por el presunto delito de aborto.      

“Lo dijimos en su momento. El Estado venezolano ha venido escalonando el conflicto y por eso el Gobierno Nacional y la diplomacia colombiana deben actuar de manera inmediata y contundente. Se lo hemos pedido al presidente de la República. Las acciones del Gobierno Nacional deben estar dirigidas a que se desmonte esa política generalizada que ha diseñado el Estado venezolano contra la población colombiana residente en la frontera”, dijo este lunes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, frente al agravamiento de la crisis humanitaria en zona de frontera con Venezuela en el departamento de La Guajira y la invasión del espacio aéreo colombiano por parte de Fuerzas Militares de ese país.

El jefe del Ministerio Público anunció las instrucciones dadas a la procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, quien desde mañana se desplazará a este punto del país para liderar las acciones de la Procuraduría en defensa de los derechos de las víctimas y en articulación de las estrategias de atención por parte del Estado colombiano.  

“La Procuraduría ha hecho presencia en La Guajira. Mañana va a hacer presencia en cabeza de la procuradora Ilva Myriam Hoyos para lograr generar una articulación de las diferentes entidades públicas en orden a responder de una manera efectiva y material a la garantía de los derechos de los colombianos que están retornando al país”, explicó.

Solicitud de nulidad frente a sentencia del caso del joven Sergio Urrego

Tras presentar el recurso ante la Corte Constitucional, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que la sentencia de esta corporación ante la acción de tutela interpuesta por la madre del fallecido joven Sergio Urrego, pone en riesgo derechos fundamentales de los padres de familia frente a la educación de sus hijos menores de edad.   

“Estamos solicitando como Ministerio Público la nulidad de la sentencia. Hay una serie de razones técnicas, pero hay un tema de fondo. Esencialmente la sentencia está cercenando el derecho de los padres de familia a escoger la educación de sus hijos menores. Independientemente del caso específico del que se trata, el caso del joven Urrego, el tema de fondo precisamente es el cercenamiento de los derechos de las familias, de los padres de familia, a escoger la educación de sus hijos menores. Ello es un dramático atentado contra una norma constitucional que consagra precisamente ese derecho en cabeza de los padres”, manifestó.

El jefe del Ministerio Público resaltó la necesidad de impulsar un debate en la materia y advertir a la sociedad sobre las vulneraciones que podrían generarse.  

“Es necesario que la opinión pública, los colegios y los padres de familia entiendan que lo que está en juego es un derecho natural y reconocido por las normas constitucionales. Aquí se está imponiendo como política de Estado la ideología de género para adoctrinar a nuestros hijos. Es un aspecto que no puede pasar impune. Es un atentado contra el derecho que tienen los colegios que han optado por una doctrina, por una concepción de vida a transmitir a sus alumnos y ello está protegido por nuestro ordenamiento constitucional”, agregó.

Imputación de cargos a la actriz Carolina Sabino por el presunto delito de aborto

Preguntado por periodistas sobre el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos a una reconocida actriz y cantante por el presunto delito de aborto, el procurador Alejandro Ordóñez lamentó este nuevo caso de filtración mediática por parte del ente investigador y su correspondiente vulneración al debido proceso.  

“Hay una reiterada violación al debido proceso, a las garantías procesales, al derecho a la defensa, cualquier delito debe ser investigado, pero respetando el debido proceso y con las filtraciones que se han hecho lo que se ha desconocido flagrantemente son esos derechos”, expresó, recordando que para la práctica del abordo en Colombia la Corte Constitucional definió excepciones y si ellas no se cumplen deben adelantarse las investigaciones penales en contra la madre que fue objeto de esta práctica y en contra quienes adelantaron el procedimiento.

“Nuestro ordenamiento jurídico establece tres excepciones y si el aborto fue realizado por fuera de ellas hay que vincular a los médicos que lo practicaron. Llama la atención la premura de esta investigación, por la persona que está vinculada, pero hay hechos más protuberantes y han pasado años sin que la Fiscalía haga las imputaciones correspondientes”, dijo el procurador al ser preguntado sobre las centenares de denuncias por la práctica de aborto al interior de las filas de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. 

“Hay infinidad de casos donde pasan años sin que se hagan estas imputaciones. Daría la impresión que este caso va a ser utilizado para pretender lograr decisiones judiciales para generalizar el aborto”, alertó el procurador Ordóñez sobre la posibilidad de que estos episodios mediáticos frente al aborto sean usados para impulsar la práctica sin limitaciones y por ende, la vulneración al derecho a la vida.

“Pretender utilizar estos episodios para extender el aborto de manera indiscriminada, sin limitación alguna, constituye un atentado dramático porque lo que está considerándose es que la vida del bebé carece de valor y la vida del bebé, en el seno materno desde el momento de la concepción, tiene un valor jurídico y es deber protegerlo. Ello está considerado en las sentencias de la Corte que establecieron las tres excepciones”, concluyó.

PGN | Fecha Publicación: lunes, 14 septiembre 2015 12:05 PM