"Estamos ante el diseño de un instrumento institucional que pretende adoctrinar a nuestra niñez en la ideología de género": Procurador Alejandro Ordóñez

• El jefe del Ministerio Público se pronunció sobre la amenaza y la tensión que significa a los derechos ciudadanos, de padres e hijos, la política que impulsa el Gobierno en la actualidad en instituciones educativas y que ha generado la protesta de familias, sectores sociales y educadores.

• Desde Barranquilla (Atlántico), el procurador de los colombianos se refirió igualmente al nuevo fiscal general de la Nación, a la crisis generada por Electricaribe y a la investigación disciplinaria a un exsuperintendente de Industria y Comercio.

Barranquilla (Atlántico), 3 de agosto de 2016. “Hay una tensión entre el derecho que tienen los padres de familia a escoger la educación de sus hijos, el derecho que tienen los ciudadanos y los padres de familia a asociarse para transmitir una educación a sus hijos, y la libertad de la conciencia que tiene todo ciudadano. A los ciudadanos no se les puede obligar a actuar contra la conciencia. Ni una ley, ni una decisión administrativa, ni una decisión judicial pueden violentar la conciencia”, aseguró este miércoles el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en referencia a la polémica desatada por la iniciativa del Ministerio de Educación de imponer una ideología de género en las instituciones del país.

El jefe del Ministerio Público advirtió que dichas decisiones gubernamentales ponen en riesgo derechos amparados por la Constitución y por ello es necesario generar espacios de discusión que protejan las garantías de padres, hijos, familias y educadores. 

“Lo que está en riesgo son derechos reconocidos  por la Constitución: El derecho a la libertad de la conciencia, el derecho de asociación y el derecho que tenemos los padres de familia a escoger la educación de nuestros hijos”, agregó.

Desde la ciudad de Barranquilla (Atlántico), el jefe del órgano de control también se pronunció sobre la posesión del nuevo fiscal general de la Nación, resaltando que la trayectoria del alto funcionario es garantía de transparencia y objetividad en el ente investigador. 

“La llegada del doctor Néstor Humberto Martínez le dará tranquilidad al ciudadano y a la justicia, él es un profesional de gran trayectoria, una persona ponderada, una persona equilibrada, que en el ejercicio de su función no va a tener los sesgos políticos o ideológicos que tuvo la anterior administración”, expresó.

Acción de la Procuraduría frente a crisis de Electricaribe y problemática migratoria en Urabá

Preguntado por periodistas y ante la grave y continua problemática de la costa colombiana por las deficiencias del servicio de la empresa Electricaribe, el procurador Ordóñez Maldonado recordó que ello aborda consecuencias locales y de las autoridades a nivel nacional.

“La Procuraduría no puede administrar o coadministrar, pero los hechos son casi endémicos y resultan afectando los derechos ciudadanos. Los ciudadanos, en promedio, anualmente sufren más de 90 horas de suspensión del servicio y la magnitud de ese drama se manifiesta igualmente en el servicio de justicia, al cual acuden reiteradamente con tutelas para lograr que se preserven y se protejan los derechos. Esos temas implican a la misma Electricaribe, pero también a las autoridades nacionales. Lo que ha hecho la Procuraduría es defender los derechos de los ciudadanos e instar a la autoridad para que se garantice la prestación del servicio.  La amenaza que se tiene es la existencia de un apagón y hay, incluso, mucha preocupación de la Procuraduría por los problemas financieros de Electricaribe. El informe de la Contraloría General da cuenta de ello”, explicó.

También analizó la acción preventiva del Ministerio Público ante la crítica situación de cientos de inmigrantes extranjeros en la zona del Úrabá Antioqueño.

“La Procuraduría y otros órganos del Ministerio Público le han recordado a las autoridades colombianas los deberes que el Estado tiene en el concierto internacional y las obligaciones derivadas de los convenios y los tratados. Eso se realizó en el marco de la función preventiva y la Procuraduría espera que la Cancillería tenga presente las normas puestas en conocimiento”.

Concluyó el procurador general de los colombianos con detalles en referencia al pliego de cargos formulado en contra del exsuperintendente de Industria y Comercio, José Miguel De la Calle. 

“Al parecer se desconoció el debido proceso. Según la información recaudada hasta el momento, al parecer las sanciones que se le impusieron a un ciudadano no aparecían probadas en la investigación. Al parecer las sanciones  impuestas no tenían relación ni congruencia con los cargos hechos. Los procesos tienen varias etapas y ese proceso está en la etapa de cargos”.

Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se dieron desde la ciudad de Barranquilla, donde presidió la jornada de capacitación a personeros municipales de Atlántico, Bolívar y San Andrés organizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) y que se extenderá hasta la tarde del jueves.

PGN | Fecha Publicación: miércoles, 3 agosto 2016 02:29 PM