"Estamos para acompañar, para advertir y para sancionar", les señaló el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado a los 1.134 mandatarios territoriales electos

 

“Yo sé que ser alcalde hoy en día es complicado, son muchas las normas que impactan la función pública”, señaló hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ante los más de 1.200 asistentes al Seminario de Inducción para los mandatarios territoriales electos, que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá por convocatoria de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

 

El jefe del Ministerio Público advirtió que este organismo de control, desde el año 2009 hasta la fecha, ha adelantado más de 161.961 procesos disciplinarios y ha emitido 1.502 sanciones que comprometen la responsabilidad de alcaldes, exalcaldes y 84 gobernadores (de los cuales 24 estaban en ejercicio), como consecuencia de conductas irregulares y de la omisión en el ejercicio de las funciones que les fueron asignadas.

 

Con base en la experiencia tanto preventiva como disciplinaria de este organismo de control en la relación con las autoridades territoriales, el procurador general dio a conocer los aspectos de mayor incidencia en las sanciones y formuló algunas recomendaciones en políticas públicas: “Recordemos que toda actuación humana, incluido el desempeño de funciones públicas, tiene implícita una valoración ética de los actos, donde se recorre el camino del conocimiento, de la voluntad y de la actuación; por lo tanto, debemos valorar nuestros actos con sus posibles consecuencias y observar la verdad incontrovertible, según la cual, nada permanece oculto siempre”, señaló.

 

El procurador Ordóñez Maldonado indicó que diseñar planes y proyectos ajenos a las realidades locales, sin participación ciudadana y desconociendo los componentes medioambientales, es una de las conductas que se reprochan con frecuencia a alcaldes y gobernadores, así como la elaboración de esquemas de ordenamiento territorial donde los intereses urbanísticos y de grandes empresarios superan el interés social, y la disposición de cambios de uso del suelo motivados por incentivos económicos: “Eso es corrupción. Muchos de los que les financiaron las campañas están esperando que ustedes se posesionen para proceder así, pero ya están advertidos”, señaló.

 

Advirtió igualmente que es objeto de sanción disciplinaria la construcción de presupuestos irreales, que no respetan la anualidad presupuestal y las limitaciones a las vigencias futuras, descuidando aspectos relacionados con la deuda pública, e invitó a los nuevos mandatarios a obrar en estos asuntos con mesura y sabiduría legal y administrativa.

 

En materia de contratación, llamó la atención sobre la condición irregular de adelantar procesos sin trasparencia, en contravía de los procedimientos legales y sin una adecuada supervisión y seguimiento: “En este aspecto, señores alcaldes y gobernadores, los requiero para que sean implacables en el proceso de ejecución contractual; auditen mediante cronogramas y modelos de verificación real y material la ejecución de los contratos y ante el menor incumplimiento, apliquen los mecanismos de ley para sancionar y proteger los recursos públicos”, puntualizó el jefe del Ministerio Público

 

Se refirió asimismo a la conducta de recibir dádivas, coimas, invitaciones o viajes que los contratistas y beneficiarios del Estado ofrecen sin aparente interés, y al respecto advirtió: “Un buen rato o un placer momentáneo, puede concluir en un gran problema para el resto de sus vidas”.

 

El procurador general invitó a los mandatarios territoriales electos a adelantar los programas de prevención, mitigación de desastres naturales y estrategias medioambientales; a atender oportunamente y con transparencia la ejecución en los procesos de educación; a ser eficientes en la inversión de los recursos para la atención de necesidades básicas insatisfechas y en el desarrollo de estrategias para atender las políticas de agua y vivienda; a realizar un adecuado seguimiento a los contratos en materia de salud; a efectuar un adecuado seguimiento a la gestión y desempeño de sus subalternos, y a emprender acciones concretas de protección a la infancia, adolescencia, familia y habitantes de calle.

 

De otra parte, el jefe del Ministerio Público recordó que este organismo de control les ofrece a los municipios y departamentos el Índice de Gobierno Abierto (IGA), un instrumento de seguimiento que les ayuda a fortalecer la función y a cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. 

 

Finalmente, el procurador Ordóñez Maldonado formuló algunas recomendaciones de políticas públicas para garantizar el pleno goce de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos, entre ellas, asumir la responsabilidad que les compete en materia de seguridad ciudadana, establecer una adecuada gestión tributaria y de recaudo, y aprovechar la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), para lograr que en sus presupuestos se incluyan líneas de inversión que permitan impulsar desde los territorios municipales el mayor desarrollo agropecuario, microempresarial e industrial del país.