"La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está desfinanciada", señala informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011
• Procuraduría General de la Nación preside esta Comisión de Seguimiento y Monitoreo, que entregó el informe anual al Congreso de la República.
• Para pagar la indemnización administrativa y el componente de vivienda a los inscritos en el RUV, sin tener en cuenta las demás medidas de reparación integral, se debería invertir como mínimo $33,6 billones adicionales a lo ya destinado.
• Comisión considera que se debe realizar una actualización seria del plan de financiamiento previsto en los documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012.
Es necesario hablarle claro al país y a las víctimas sobre el futuro de la implementación de la Ley 1448 de 2011. Esta es una de las conclusiones del informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presidida por la Procuraduría General de la Nación y de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, en el que se señala, entre otros aspectos, que dicha norma se encuentra desfinanciada.
Según las proyecciones y cálculos de la Contraloría, solamente para pagar las indemnizaciones administrativas y el componente de vivienda (restitución) a quienes están inscritos en el Registro Único de Víctimas, y sin tener en cuenta las nuevas víctimas que el conflicto sigue generando, el país deberá invertir aproximadamente 33,6 billones de pesos corrientes de 2015, adicionales a lo ya destinado para tal fin. Esto sin contar los recursos que demandaría la implementación de las tres medidas adicionales previstas para la reparación integral: rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Se reconoce en el informe que el problema fundamental que enfrenta el cumplimiento de la Ley 1448 en términos económicos, radica en la combinación de una coyuntura macroeconómica más compleja, ya que el marco fiscal de mediano plazo prevé una cantidad de recursos inferior a la requerida por las víctimas, al tiempo que el número de personas a asistir, atender y reparar integralmente no cesa de crecer y hoy alcanza cerca del 14% de la población total del país.
Frente a las necesidades de recursos para garantizar lo estipulado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo considera que lo que procede es la realización de una actualización seria del plan de financiamiento previsto en el documento CONPES 3712 de 2011, que implica la revisión detallada de todas y cada una de las medidas de asistencia, atención y reparación integral que se deben llevar a las cerca de seis millones de personas afectadas por el conflicto armado. Se reitera que el país debe tener claridad sobre las necesidades económicas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima, y abrir así el debate sobre las fuentes de financiamiento de la ley, las alternativas y la manera de mejorar la ejecución de esos recursos.