"La firma de un acuerdo con las FARC no es la paz y no lo será, se equivocan quienes la venden así": Procurador general de la Nación

• El jefe del Ministerio Público fue el encargado del cierre de la jornada de instalación del Congreso Nacional de Minería que se realiza desde hoy en Cartagena, Bolívar.

• Asimismo, el procurador general de la Nación advirtió sobre los riesgos que traerá para esta actividad una eventual firma de un acuerdo entre el Estado y las FARC bajo la óptica de lo que se denomina “paz territorial”.

• Rechazó de manera contundente el secuestro de la abogada Melissa Trillos perpetrado en Norte de Santander el día anterior.

En el marco del Congreso Nacional de Minería que se realiza desde hoy en Cartagena (Bolívar), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destacó la importancia de este sector para el desarrollo del país y los retos que enfrentará en el futuro inmediato.

“La actividad minera está sujeta a restricciones que le impone la protección de la naturaleza. Esto no se debe pasar por lo alto en el otorgamiento de licencias”, señaló el procurador en relación con el caso del permiso concedido a la exploración petrolífera en La Macarena, sobre el cual añadió: “los actos administrativos no se revocan o suspenden por Twitter, por muy importante que sea el tuitero. En derecho las cosas se deshacen como se hacen”.

El jefe del Ministerio Público aseguró que este caso afectó la imagen del sector minero y la del propio gobierno ante la opinión pública: “Soy un defensor de La Macarena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, por razones jurídicas, por convicción personal y por lo que representan para los colombianos”.

Por esto, invitó a que el gobierno, el Congreso y la sociedad establezcan vías de discusión sobre el tema, ya que la seguridad jurídica que requiere el sector minero comprende el cumplimiento de las reglas existentes, puesto que considera que la minería y el petróleo son elementos claves en la construcción de la paz en Colombia.

"Hay que impulsar la minería, pero de manera responsable, debemos combatir la explotación criminal. Hay que garantizar que el acuerdo de La Habana no se convierta en un obstáculo para la inversión y hay que construir una alianza entre el sector privado y el Estado para institucionalizar los territorios. Solo así será posible la paz”, concluyó el procurador Alejandro Ordóñez.

También planteó las dudas que surgirán una vez finalizadas las negociaciones con las FARC, pues señaló que la finalización de estos acuerdos no traerá la paz, a la que definió como “el imperio de la ley, la garantía de la convivencia social erigida en un orden justo, en el que prevalezcan los derechos humanos y donde existan garantías de seguridad”. 

“La paz no es el fin de un aparato armado, llámese como se llame, sino la construcción de un estado de derecho y de legitimidad democrática en las zonas donde los grupos armados ilegales tienen presencia. Desde la Procuraduría creemos que la construcción de la paz equivale a terminar de construir el Estado en los territorios. La firma de un acuerdo con las FARC no es la paz y no lo será, se equivocan quienes la venden así”, añadió el procurador.

 “¿Por qué las FARC han durado 60 años delinquiendo? ¿Por qué a pesar del rechazo absoluto del país subsisten? Porque el Estado no ha terminado de construirse”, añadió el procurador sobre este aspecto, señalando que este grupo suplantó al gobierno en algunas regiones.

“Otra pregunta: ¿por qué una BACRIM logra paralizar decenas de municipios y afectar varios departamentos sin que el Estado pueda evitarlo? Por una razón sencilla, hace falta Estado, instituciones, estado de derecho y legitimidad de las mismas”, concluyó en este punto advirtiendo que cualquier acuerdo que no apunte a esto será insuficiente.

El procurador también advirtió sobre los peligros de posibles concesiones territoriales a ilegales tras la finalización de las negociaciones con el gobierno: “¿quién dijo que las FARC renunciaron a la toma del poder o al control territorial? Mientras el país se distrae en la discusión sobre impunidad y participación política de responsables de crímenes atroces, lo importante de la negociación pasa inadvertido”, destacando que “lo que le importa a las FARC es el control territorial”.

“De los textos de los acuerdos se desprende que el núcleo de la negociación con ese grupo está en tener un régimen jurídico especial y diferenciado al que se aplica al resto del país. Un punto clave de los acuerdos es el tema agrario”, señaló el procurador general de la Nación, a la vez que afirmó que al gobierno le ha faltado claridad en este aspecto.

Por otra parte, mostró su preocupación sobre el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia porque todos los grupos al margen de la ley se están apoderando de estas zonas por la incapacidad del gobierno de controlar estos grupos como sucedió en el paro armado, grupos que se han fortalecido, según el concepto del procurador, por las falencias en los combates contra los cultivos ilícitos.

“Si no se adopta una política contra los cultivos ilícitos. No será posible la paz y esos territorios seguirán vedados para las actividades económicas, entre ellas las relacionadas con recursos no renovables”, aseveró el jefe del Ministerio Público sobre este aspecto.

Secuestro de la abogada Melissa Trillos

Consultado por los medios de comunicación, el procurador de los colombianos rechazó de manera contundente el secuestro de la comerciante Melissa Trillos en Ocaña (Norte de Santander).

“Es escabroso, escandaloso. Es un drama lo que está viviendo su familia. Ha generado pánico en la ciudad de Ocaña. Pedimos a las autoridades prontos resultados para su liberación”, comentó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

PGN | Fecha Publicación: jueves, 21 abril 2016 12:55 PM