"La seguridad social se está convirtiendo en el hueco negro de la institucionalidad en Colombia": Procurador Alejandro Ordóñez

• Desde Rionegro (Antioquia), el jefe del Ministerio Público se pronunció sobre la liquidación de la EPS Saludcoop, la investigación por los contratos de la Fiscalía General de la Nación con la señora Natalia Springer y las condiciones constitucionales para que se haga efectivo el indulto a 30 miembros de la organización criminal FARC.   

Alertando por la gravedad de la situación y ante la reiterada vulneración a los derechos de los pacientes del sistema de salud colombiano, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, aseguró hoy desde Rionegro (Antioquia) que “la seguridad social se está convirtiendo en el hueco negro de la institucionalidad”.

El jefe del Ministerio Público se pronunció sobre el anuncio de liquidación de la EPS Saludcoop, hecho por el Gobierno Nacional, destacando que millones de colombianos quedarán expuestos por causa de la ineficiencia.   

“Los ciudadanos están muy preocupados y en muchos casos expósitos frente a la ineficiencia del servicio de salud. Hay temas muy sensibles en la liquidación de Saludcoop: los eventuales beneficiarios de esa liquidación y el riesgo en que estarían más de 4 millones de usuarios. La Procuraduría está muy preocupada. Voy a asistir al Congreso de la República el jueves próximo para expresar la posición oficial. La Procuraduría tiene muchas preocupaciones, desde hace varias semanas se ha venido logrando percibir exactamente el tema con el Ministerio de Salud, con las EPS, las IPS y los médicos”, precisó.

Preguntado por periodistas, el jefe del órgano de control explicó la actualidad procesal frente a quejas, denuncias e informes periodísticos por millonarias contrataciones entre la señora Natalia Springer y la Fiscalía General de la Nación. 

“Fue una queja y a partir de informaciones que han aparecido en los medios de comunicación. La Procuraduría le ha dado trámite. El auto que se ha conocido hoy es parte de los trámites y procedimientos normales que se hacen para esos eventos, para verificar o desvirtuar. Es deber de la institucionalidad recaudar los insumos necesarios para tener claridad, se trata de conocer las versiones de las personas que fueron actores de estas actuaciones administrativas. No se puede apresurar o hacer juicios. No puede la Procuraduría hacer ningún juicio de valor porque estaría violando el debido proceso. El alcalde de Valledupar tiene igualmente una investigación, por hechos similares con la misma persona”, manifestó.

Igualmente reiteró la postura de la Procuraduría General de la Nación en lo referente al indulto concedido por el Gobierno Nacional a 30 integrantes de la organización terrorista FARC, en defensa de lo determinado en la materia por la Constitución, las leyes y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional. 

“Hay unos requisitos formales que se deben cumplir y la Procuraduría estará muy observante para que se cumplan. Primero la clase de delitos, no todos los delincuentes pueden ser beneficiarios del indulto. Los que estén condenados por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra, por genocidios o graves violaciones a los Derechos Humanos no pueden ser beneficiarios. Pero igualmente hay unos derechos de las víctimas que deben quedar a salvo. Si bien es cierto que los aspectos penales quedan resueltos por el indulto, hay aspectos que tienen que ver con la verdad. La Corte Constitucional ha señalado en numerosas sentencias que los beneficiarios del indulto deben decir la verdad sobre los hechos por los que estuvieron vinculados penalmente. El Gobierno tiene la decisión pero hay condiciones. Que haya verdad, que cada uno de los 30 indultados diga la verdad de los hechos a los que estuvieron vinculados y que haya reparación de las víctimas”.

Concluyó manifestando la sorpresa que significa a la sociedad una decisión política de este tipo, bajo el argumento de la “construcción de confianza entre Gobierno y FARC”, cuando ese grupo guerrillero no ha cumplido el compromiso de liberar a los niños reclutados, un innegable crimen de guerra al estar privados de la libertad en sus filas en calidad de combatientes.

“Hace siete meses las FARC anunciaron que entregarían a los niños reclutados y no lo han hecho. Sería otra concesión del Gobierno sin que ellos hayan cumplido”, aseguró.

Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez se dieron desde Rionegro (Antioquia), en donde presidió hoy una mesa de trabajo con gobernadores y alcaldes entrantes y salientes en busca de promover ejercicios de empalmes exitosos.