"Las FARC quieren incidir en las elecciones de octubre, quieren elegir sus alcaldes y gobernadores": Procurador Alejandro Ordóñez
• “Quieren amedrentar a los colombianos, por eso quieren un cese bilateral rápido, en julio, en agosto, porque quieren afectar el proceso electoral y eso lo sabemos los colombianos”, aseguró este jueves el jefe del Ministerio Público.
• “Hay que hablarlo con toda claridad. Quienes van ganando son las FARC y quienes vamos perdiendo somos los colombianos”.
• “Confío en la integridad y en la independencia del Consejo de Estado, pero eso no quiere decir que el Gobierno no esté haciendo esfuerzos para tratar de cooptarlo (…) Gobierno y FARC necesitan un procurador que avale y que promueva la impunidad”, dijo sobre la demanda que cursa contra la reelección del procurador general.
• “Investiguen varias cosas. Una ONG muy conocida es la demandante. ¿Cuántos contratos y por qué cuantías tiene con el Estado colombiano? Investiguen cuál fue el magistrado auxiliar que nombró el doctor Alberto Yepes. ¿Cuál fue la misión que le colocó y cuántos meses duró de magistrado auxiliar?”, recomendó el jefe del órgano de control a los medios de comunicación.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió este jueves que el apuro del Gobierno Nacional, de altos funcionarios del Estado y de la guerrilla de las FARC por concretar un cese bilateral al fuego en Colombia, podría significar que este grupo terrorista tenga incidencia directa y nefasta para los derechos ciudadanos sobre el proceso electoral que se desarrollará durante el mes de octubre en el territorio nacional.
“Las FARC quieren incidir en las elecciones de octubre, quieren elegir sus alcaldes y gobernadores, quieren amedrentar a los colombianos, por eso quieren un cese bilateral rápido, en julio, en agosto, porque quieren afectar el proceso electoral y eso lo sabemos los colombianos”, manifestó el jefe del Ministerio Público, quien calificó como estrategia “articulada y coordinada” los recientes pronunciamientos en la materia del presidente de la República, del jefe negociador del Gobierno, del fiscal general de la Nación y de los cabecillas de la organización criminal.
“Acto uno de este sainete: el presidente dijo ‘estamos dispuestos a desescalar el conflicto si encontramos gestos equivalentes’. Acto segundo: Humberto de la Calle dice ‘el Gobierno acepta una suspensión bilateral en determinadas circunstancias’. Acto tercero: Las FARC responden con el cese unilateral para obtener el cese bilateral. Acto cuarto: el presidente dice ‘reconozco el gesto pero falta un poquito más’. Acto quinto: el señor fiscal sale muy preocupado a pedir el cese bilateral. Acto sexto, no les quepa la menor duda, hablamos dentro de 20 días si quieren: el Gobierno acepta el cese bilateral, con las condiciones que quieran”, explicó.
Preguntado por representantes de los medios de comunicación sobre la demanda que cursa en el Consejo de Estado por presuntas irregularidades en su reelección, el procurador Ordóñez Maldonado reiteró que dicho proceso responde a intereses políticos y criminales.
“Hay multiplicidad de pruebas, unas que son objetivas: el Gobierno tiene interés político en sacar al procurador, las FARC tienen intereses criminales en sacar al procurador. A unos y a otros no les gusta el procurador porque el procurador no quiere la impunidad. Necesitan un procurador que avale y que promueva la impunidad. El procurador está más informado de lo que se podría creer. Incluso algunos consejeros me han expresado su fastidio y su hastío por la actitud del Gobierno, por el acoso del Gobierno”, sentenció.
Igualmente reiteró su confianza en el Consejo de Estado frente a estas tentativas y lamentó que funcionarios del Gobierno ya están adelantando reuniones para buscar reemplazo al máximo jefe del Ministerio Público.
“Yo conozco al Consejo de Estado, yo conozco su independencia, su integridad. Yo no dudo del Consejo de Estado, pero eso no obsta para que el Gobierno esté desplegando todo su accionar en orden a tratar de acosar y comprometer a sus integrantes. Confío en la independencia y la integridad del Consejo de Estado, pero vale la pena advertir el interés que tienen de tener un procurador que avale y promueva la impunidad. El Gobierno quiere un procurador cooptado, un procurador de bolsillo, un procurador que sea el ventrílocuo de lo que se esté acordando en La Habana en contra de los derechos de las víctimas y de los derechos de los ciudadanos (…) Incluso se han reunido funcionarios del Gobierno para pensar en reemplazos del procurador”.
Advirtiendo que seguirá pronunciándose sobre ese tema y ante las inquietudes de los periodistas sobre pruebas al respecto, el jefe del órgano de control sugirió a los comunicadores: “Investiguen varias cosas. Una ONG muy conocida es la demandante. ¿Cuántos contratos y por qué cuantía tiene con el Estado colombiano? Investiguen cuál fue el magistrado auxiliar que nombró el doctor Alberto Yepes. ¿Cuál fue la misión que le colocó y cuántos meses duró de magistrado auxiliar?”.
PGN | Fecha Publicación: jueves, 9 julio 2015 02:18 PM