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martes, 6 octubre 2015 11:38 AM

"Las FARC siempre han colocado como una condición para firmar la paz la judicialización del presidente Álvaro Uribe": Procurador Alejandro Ordóñez

 

• “No olvidemos que es uno de los requisitos, lo decía alias ‘Alfonso Cano’ en 2011 ante la prensa española. Eso le hace un flaco servicio al proceso de paz y lo deslegitima. Convierte en un instrumento de persecución y venganza el anunciado acuerdo de justicia transicional”, dijo el jefe del Ministerio Público al ser preguntado sobre las recientes decisiones de la Fiscalía General de la Nación sobre hechos ocurridos en 1997.

• El procurador general de los colombianos advirtió que estas tentativas y tesis jurídicas también podrían llevar ante los tribunales al actual presidente de la República y otros altos funcionarios y exfuncionarios. 

• “No se puede atar la amnistía al delito político porque se beneficia exclusivamente a las FARC y a los políticos vinculados con las FARC”, manifestó frente al comunicado de prensa sobre el acuerdo de justicia alcanzado por el Gobierno Nacional y la organización terrorista.

• "Nunca el narcotráfico había logrado tanto, ni siquiera con Pablo Escobar. Primero logró la no extradición, hacia allá vamos. Segundo, la suspensión de fumigaciones; tercero, se pretende la conexidad con el delito político; y cuarto, vamos a estar avocados a una gigantesca operación de lavado de activos porque a las FARC no se les van a tocar un solo peso de su gigantesca fortuna”, agregó.

• “Es un logro que haya una fecha para la firma del acuerdo. Los colombianos esperamos que se cumpla”.

 

“No es accidental que se haga esto en momentos en que se está conociendo o se va a dar a conocer el acuerdo sobre justicia transicional. Las FARC siempre han colocado como condición para firmar la paz la judicialización del presidente Álvaro Uribe. Lo dicen, lo reiteran, se encuentra en documentos”, aseguró este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al ser preguntado sobre la compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al actual senador de la República por hechos ocurridos en el año 1997. 

Según el jefe del Ministerio Público, este tipo de decisiones del ente investigador, 18 años después, dejan en evidencia un “mecanismo de venganza contra aquellos que han combatido a las FARC”.   

“No digo que no haya conductas que no se puedan investigar, pero sí resalto que esto se da dentro de un contexto (…) Esta atmósfera de venganza y retaliación le causa un grave daño a la institucionalidad y a la credibilidad del proceso de paz”, explicó.

"Lo más grave que le puede pasar a la Democracia es una autoridad judicial sesgada (…) Si aplicamos estas tesis jurídicas, el ministro de Defensa (actual presidente de la República) en la época de los denominados 'falsos positivos' y su entonces viceministro (actual alto comisionado de Paz) podrían estar sometido también a los tribunales”, recordó.

Precisando que las advertencias sobre el acuerdo en justicia transicional alcanzado por el Gobierno Nacional y las FARC las hace con base en el comunicado de prensa que fue dado a conocer al país y no en la totalidad del documento, pues este sigue siendo de conocimiento exclusivo de los negociadores, el jefe del órgano de control también se pronunció sobre la exclusión de sectores involucrados al conflicto armado en materia de amnistías.  

“No se puede atar la amnistía al delito político porque se beneficia exclusivamente a las FARC y a los políticos vinculados con las FARC. Se requiere que todas las personas que en un sector o en otro estuvieron vinculados con la ilegalidad sean beneficiarios del instrumento diseñado por la justicia transicional”, aseguró.

Narcotráfico y su supuesta conexidad con el delito político

"El narcotráfico no puede ser conexo al delito político. Nada tiene de idealista o de altruista. Nunca el narcotráfico había logrado tanto, ni siquiera con Pablo Escobar. Primero logró la no extradición, hacia allá vamos. Segundo, la suspensión de fumigaciones; tercero, se pretende la conexidad con el delito político; y cuarto, vamos a estar frente a a una gigantesca operación de lavado de activos porque a las FARC no se les van a tocar un solo peso de su gigantesca fortuna”, explicó el procurador Ordóñez al ser preguntado sobre el flagelo y las fórmulas planteadas frente a este en desarrollo de los diálogos en La Habana.   

“Ya hemos oído decir al señor presidente, hace unos días, que no se ha logrado encontrar la fortuna de las FARC”, agregó.

No obstante, el procurador de los colombianos resaltó los avances del proceso de paz, reiterando que el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia y la sostenibilidad jurídica garantizarán que “lo que se firme en La Habana se cumpla y se pueda cumplir”.

“Es un logro que haya una fecha para la firma del acuerdo. Los colombianos esperamos que se cumpla. También es positivo que se haya establecido una fecha para iniciar lo que los colombianos entendemos como entrega de armas, si bien es cierto que ahí se habla de dejación. Hay que resaltar el intento del Gobierno y de las FARC para reconocer que la justicia transicional deba respetar el derecho internacional y sus mínimos, pero ese intento quedó corto. Hay que reconocer que hubo un intento”, concluyó.

En su diálogo con diferentes medios de comunicación, el procurador Alejandro Ordóñez insistió en la necesidad de reclusión efectiva para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y otros crímenes atroces; así como en la importancia de priorizar a las víctimas en los eventuales acuerdos que se alcancen en La Habana.

"A la paz debemos llegar privilegiando a las víctimas. La paz es fruto de la justicia".

Finalmente, el jefe del órgano de control anunció que el funcionario de la Procuraduría vinculado a un posible acto de corrupción, que también involucra al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, ya no hace parte de la Entidad.   

"Ayer firme la insubsistencia de ese funcionario, ya no es procurador judicial".

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Veeduría, investiga las conductas atribuidas a dicho exprocurador judicial administrativo. 

PGN | Fecha Publicación: martes, 6 octubre 2015 11:38 AM

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