"Ni 'impasse' ni retención ilegal, fue un secuestro extorsivo que deja en claro la lógica de guerra de las FARC": Procurador Alejandro Ordóñez

• “Es necesaria la liberación de todos los secuestrados, civiles y militares. Pienso que es un momento que el Gobierno no debe desaprovechar para corregir el rumbo que le ha dado a este proceso de paz”, manifestó el jefe del Ministerio Público en el Congreso Mundial de Derecho Militar, realizado hoy en la ciudad de Bogotá.

 

• El procurador reveló que entre 2012 y 2014, mientras el Gobierno adelantaba negociaciones con las FARC en La Habana, más de 900 uniformados fueron asesinados y más de 6 mil resultaron heridos en acciones, en su mayoría, perpetradas por la organización ilegal. 

 

 

“Si no se corrige el rumbo seguirán los secuestros, seguirán los reclutamientos de niños, los atentados, los actos terroristas. Que las FARC se comprometan a cesar todo acto criminal contra la población civil y las Fuerzas Militares”, dijo hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a propósito del secuestro de civiles,  de un general de la República y de otros uniformados por parte de ese grupo terrorista.

 

En su intervención en el Congreso Mundial de Derecho Militar, que se realiza en el Club Militar de la ciudad de Bogotá, el jefe del Ministerio Público resaltó el valor y sacrificio de los hombres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional que a diario defienden la libertad del pueblo colombiano, y la necesidad de que las víctimas que hacen parte de sus filas sean plenamente reconocidas como tales, recibiendo una reparación integral, al igual que sus familias.    

 

“Los ciudadanos respaldan al Ejército, admiran a sus soldados, profesan devoción por las Fuerzas Militares y están agradecidas por su sacrificio, lealtad y entrega (..) Desde principio de 2012, fecha de inicio formal de las conversaciones en La Habana, y hasta agosto de 2014, fueron asesinados 934 soldados y policías. 6475 fueron heridos. La gran mayoría en acciones ejecutadas por las FARC”, explicó.

 

Ante esta lamentable realidad, el jefe del órgano de control recordó que todas las víctimas del conflicto armado tienen los mismos derechos y ante ellas, el Estado tiene la misma obligación de reparación integral.      

 

“De acuerdo al Registro Único de Víctimas, a cargo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hasta la fecha se han inscrito 13.394 personas en calidad de miembros de la Fuerza Pública (…) Un miembro de la Fuerza Pública es víctima en todos los casos en que su integridad, su vida, su libertad y sus derechos sean objeto de una violación por parte de un grupo armado organizado al margen de la ley. Para la Procuraduría no existe fundamento para que se diferencie en materia de derechos a los soldados y policías que son víctimas, respecto del resto de personas que también lo son”, aseguró.  

 

“La Procuraduría considera que es urgente que se establezca un marco jurídico que reconozca, respecto a los soldados y policías, al igual que sus familias, la reparación económica independiente a que tienen derecho de acuerdo al régimen especial que les es aplicable”, dijo el procurador general en su intervención ante oficiales de fuerzas nacionales e internacionales.   

 

Preguntado por los medios de comunicación sobre las propuestas de cese al fuego bilateral en desarrollo del proceso de paz y a propósito de los recientes secuestros de civiles y militares por parte de las FARC, el jefe del Ministerio Público advirtió los riesgos y citó antecedentes históricos.

 

“Eso es lo que quieren las FARC y algunos sectores, minimizar y desnaturalizar estos actos criminales. En esos escenarios los únicos beneficiarios son los miembros de las FARC. No olvidemos las experiencias del cese al fuego del año 82, en los años de cese al fuego las FARC se desdoblaron y se multiplicaron de 25 frentes a 50 frentes, de 1.300 hombres a 9.000 hombres, es una estrategia de las FARC para fortalecerse militarmente y ni el país, ni el Estado, ni el Gobierno pueden ceder ante esa pretensión extorsiva”, concluyó.