"No se ha restituido ni una hectárea despojada por las FARC en el Caquetá": Procurador Alejandro Ordóñez desde San Vicente del Caguán

• El jefe del Ministerio Público se reunió hoy con la ciudadanía del municipio y atendió sus problemáticas en referencia a la compleja situación de orden público, a las amenazas de grupos armados ilegales y a los procesos de restitución de tierras.

• "La Procuraduría exige al Gobierno que le quite la tierra a los despojadores de las FARC y se la dé a los campesinos", manifestó.

• El procurador recordó a la comunidad de San Vicente del Caguán el derecho que tiene a exigir una consulta popular en caso de que este municipio del Caquetá sea nuevamente ocupado por la guerrilla a través de las denominadas “zonas de concentración”.

San Vicente del Caguán (Caquetá), 3 de mayo de 2016. Tras escuchar las problemáticas de campesinos y ciudadanos de San Vicente del Caguán (Caquetá), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo un contundente llamado para que el Gobierno Nacional garantice la seguridad de los habitantes del departamento y resuelva las problemáticas que en materia de restitución de tierras se presentan en esta y otras zonas del país.   

"No se ha restituido ni una hectárea despojada por las FARC en el Caquetá. El Gobierno no puede asumir una posición cómplice con los bandidos", dijo el jefe del órgano de control, quien advirtió que esta organización terrorista, aprovechando las concesiones recibidas en La Habana (Cuba), pretende el control territorial del departamento y de su economía.  

“A las FARC les interesa la tierra y su control, así como que no se toque un peso de su fortuna. Las FARC ejecutan un plan para controlar territorialmente el Caquetá a través de la implementación de acuerdos de La Habana".

Según el procurador, después de que el Gobierno sellara un pacto de impunidad y la Fiscalía General de la Nación levantara las órdenes de captura a los máximos responsables de crímenes atroces, ahora pretenden darle “tratamiento de bloque constitucional a los acuerdos de La Habana”.

“Sería un acuerdo de élites, la que representa el Gobierno y la élite criminal de las FARC”; puntualizó, recordando a la comunidad de San Vicente del Caguán el derecho que tiene a exigir una consulta popular en caso de que este municipio del Caquetá sea nuevamente ocupado por la guerrilla a través de las denominadas “zonas de concentración”. 

El procurador lamentó nuevamente que con la aparente complicidad estatal, la millonaria fortuna criminal de las FARC sea ignorada y la reparación a las víctimas recaiga en la ciudadanía.   

"Los grandes empresarios de Colombia son unos famélicos al lado de la fortuna ilegal que poseen las FARC y esta organización dice que no tienen un peso y no puede reparar. El Gobierno les cree y eso es indignante. La reparación a víctimas de las FARC la pagaremos los ciudadanos con sucesivas reformas tributarias", explicó.

El jefe del órgano de control atendió a más de un centenar de habitantes de San Vicente del Caguán, quienes le plantearon temores ante el agravamiento de la situación de orden público y falencias en la política pública de restitución. 

Previamente se reunió con el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien le detalló la situación de seguridad del municipio y le solicitó el apoyo institucional frente a diversas problemáticas.

El lunes, el procurador general de los colombianos presidió la mesa de trabajo ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’ en la ciudad de Florencia, en la que planteó estrategias de gestión pública al gobernador del Caquetá, a los alcaldes municipales del departamento, así  como a personeros municipales, funcionarios públicos y ciudadanía en general.  

PGN | Fecha Publicación: martes, 3 mayo 2016 04:22 PM