"Quieren languidecer al Ministerio Público y eso pasa por su exclusión del Sistema Penal Acusatorio": Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado

• “Como dice ese viejo adagio: Dinamarca no es Cundinamarca. Nuestras tradiciones jurídicas no son las anglosajonas”.

 

• “Estamos frente a un grave riesgo, el de la muerte del derecho disciplinario como consecuencia de una modificación constitucional”.

 

• “Las competencias de las superintendencias, de acuerdo con quienes quisieran que las facultades disciplinarias no coexistieran con la acción penal, tendrían que desaparecer, serían ilegítimas, no podrían coexistir con el derecho penal, porque este sería el único derecho sancionatorio”, explicó.

 

• El procurador recordó que en casos como el del “carrusel” de la contratación en Bogotá, desde hace más de tres años hay decisiones sancionatorias de la Procuraduría y no existe una sola decisión de la justicia penal en firme.

 

 

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se refirió este jueves a la propuesta de exclusión del Ministerio Público del Sistema Penal Acusatorio, desde argumentos que comparan la realidad colombiana con la de naciones como los Estados Unidos.

 

“Quieren languidecer al Ministerio Público, ese languidecimiento del Ministerio Público pasa precisamente por su exclusión del Sistema Penal Acusatorio o por impedir la coexistencia de lo penal con lo disciplinario, contradiciendo más de 75 sentencias de la Corte Constitucional y más de un centenar de fallos del Consejo de Estado”. 

 

“Como dice ese viejo adagio: Dinamarca no es Cundinamarca. Nuestras tradiciones jurídicas no son las anglosajonas. Nuestra realidad social y delincuencial exige la adecuación de la institucionalidad”, puntualizó.

 

“Existe el Ministerio Público porque somos garantes de garantías (…) El Ministerio Público está precisamente para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, el patrimonio público, que son competencias diferentes al del juez de garantías. No es cierto entonces que exista una duplicidad de funciones”, concluyó.

 

También advirtió sobre los riesgos que significan a la institucionalidad colombiana las tentativas de modificar constitucionalmente las competencias de la Procuraduría General de la Nación, restándole al órgano de control competencias y recursos para seguir enfrentando los flagelos de la corrupción y la ineficiencia administrativa.  

 

“Vale la pena advertir que estamos frente a un grave riesgo, el de la muerte del derecho disciplinario como consecuencia de una modificación constitucional (…) Vale la pena estar advertidos y vigilantes porque estaríamos frente a un diseño constitucional que implica una involución. Es quitarle al Estado de Derecho el instrumento más eficaz y eficiente en la lucha contra la corrupción”, aseveró.

 

El jefe el Ministerio Público recordó casos como el del denominado “carrusel” de la contratación en la ciudad de Bogotá, a propósito del cual la Procuraduría ha sancionado desde hace más de tres años a congresistas, un alcalde mayor, concejales distritales, directivos del Instituto de Desarrollo Urbano, entre otros, mientras que la justicia penal no tiene sentencia alguna en firme.  

 

También citó como ejemplo el caso Saludcoop. “Hace más tres años la Procuraduría destituyó al director de Saludcoop por los mismos hechos que hoy están pensando si se investiga o no”.

 

Frente al equilibrio entre justicia disciplinaria y justicia penal, el procurador general se concentró también en el panorama de entidades como las superintendencias, en caso de que las tentativas de reforma se hicieran realidad en el ordenamiento jurídico y constitucional.  

 

“Las competencias de las superintendencias, de acuerdo con quienes quisieran que las facultades disciplinarias no coexistieran con la acción penal, tendrían que desaparecer, serían ilegítimas, no podrían coexistir con el derecho penal, porque este sería el único derecho sancionatorio”, explicó.

 

La intervención del jefe del Ministerio Público se dio en desarrollo de la jornada de instalación del ‘III  Encuentro Nacional del Ministerio Público: Soberanía de colores por un desarrollo sostenible’, que se realiza entre jueves y viernes en San Andrés Islas.