"Terminó la actuación preventiva sobre la crisis energética, inició la investigación disciplinaria": Procurador Alejandro Ordóñez
"Terminó la actuación preventiva sobre la crisis energética, la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública envió la investigación al operador disciplinario para que se indague sobre la eventual imprevisión de las autoridades públicas y que tienen competencia en esta materia referida a la escasez de gas que han generado posible racionamiento", aseguró el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el foro “Venta de Isagen: Acierto o desacierto”, organizado por la Universidad Autónoma de las Américas en Medellín, Antioquia.
El jefe del Ministerio Público precisó que “hay tres líneas de investigación, una de ellas es para saber exactamente cuál fue la destinación que se hizo respecto al cargo de confiabilidad, otra si existió o no imprevisión en materia de escasez de gas y si existieron o no irregularidades en la determinación del precio de escasez”.
Sobre la venta de Isagen, el procurador Ordóñez Maldonado recordó a los asistentes cuál fue la posición que tuvo la Entidad frente a ese negocio, e indicó que “la Procuraduría advirtió desde el año anterior que se podían haber tomado medidas, que las que se tomaron fue tardíamente y respecto a esas medidas siempre existieron voces en el sector que las reclamaban para impedir el racionamiento”.
“¿Por qué el Gobierno no atendió las múltiples solicitudes para solucionar un problema como el que estamos a punto de enfrentar”, preguntó el procurador, aseverando que “un apagón de la energía es un apagón de la economía”.
En este mismo sentido afirmó que “el aparato nacional productivo sufrirá grandes pérdidas con un apagón y aun así hay quienes quieren imponer más impuestos, la creación de empleos se va a afectar e incluso mantener los actuales empleos de algunos sectores de la economía puede tener dificultades”.
Agregó el jefe del órgano de control frente a la venta de Isagen que “prescindir de este activo no solo priva a la Nación de los dividendos probables percibidos en el presente y futuro, que antes formaban parte del presupuesto general de cada año, cerca de 600 mil millones de pesos, pero no sólo es eso, se trata de entregar a particulares el más importante activo estratégico, requerido para garantizar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema energético”, por lo que concluyó que “sin equilibrio energético no hay crecimiento económico, ni sostenibilidad del modelo de desarrollo”.
Finalmente, el procurador general de la Nación resaltó con preocupación que “el argumento para proceder a la venta no puede ser únicamente que el precio fijado es justo, que los recursos obtenidos se va a utilizar en obras prioritarias y que todos los gobiernos en el pasado han privatizado, estos factores no pueden estar por encima de los intereses de la Nación en materia de equilibrio energético”.