"Una gran estrategia de descongestión judicial sería que quienes tienen la responsabilidad de reconocer las pensiones decidan por fin acatar la Constitución y la Ley": procurador general de la Nación
• Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado hizo un fuerte llamado de atención para que se respeten y reconozcan, sin actitud de rebeldía, los derechos de los pensionados.
• Jefe del Ministerio Público aseguró que existe la necesidad de hacerle reingeniería al sistema pensional colombiano.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó un profundo análisis sobre la problemática pensional en Colombia, desde la perspectiva del Ministerio Público, durante la jornada de reflexión sobre el costo de las demandas en materia de pensiones, que se llevó a cabo hoy en la sede central de la Procuraduría General de la Nación.
El doctor Ordóñez Maldonado recordó que ante este Organismo de Control se han formulado miles de solicitudes y quejas contra las entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, donde los ciudadanos solicitan que el Ministerio Público haga cumplir la Constitución y la Ley.
Al referirse a las actuaciones de la Procuraduría orientadas al estricto cumplimiento de las normas vigentes por parte de quienes tienen responsabilidades en materia pensional, el jefe del Ministerio Público señaló que no corresponde a su competencia diseñar las instituciones, pero sí le corresponde la defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales: “cuando la Procuraduría interviene en el ejercicio de su función preventiva, lo hace simplemente para recordar el deber, no para crear derechos y menos para pretender modificarlos”.
En este sentido, se refirió además a la importancia de la defensa de los derechos adquiridos frente a lo que denominó “actitudes de rebeldía” de funcionarios públicos que pretenden interpretar la Constitución y las decisiones judiciales a través de sus circulares y que resultan muchas veces inaplicando las decisiones judiciales, por considerar que ello no es compatible con sus lineamientos económicos o con sus interpretaciones de los derechos pensionales.
El procurador general planteó una reflexión sobre los efectos nocivos que tiene en el erario público la falta de oportunidad en el trámite de reconocimiento de los derechos pensionales y citó varios ejemplos sobre demandas que implicaron elevados costos por el pago de retroactivos, intereses y otros factores. Aseguró que la responsabilidad por estos detrimentos patrimoniales recae en quienes no resolvieron ni reconocieron oportunamente las solicitudes de quienes tenían derecho a la pensión.
Reiteró que en los debates sobre el costo que las pensiones de algunos servidores públicos tienen en el presupuesto nacional, no se analizan los costos que se generan cuando se judicializan las demandas pensionales por cuenta de los instructivos o interpretaciones que se dan para negarlas: “Los derechos pensionales hay que reconocerlos a sus legítimos portadores; no hacerlo en vía gubernativa tiene costos económicos altísimos y degradantes: tiempo, vida digna, para un exempleado que tiene que pasar años luchando no solo un fallo, sino el cumplimiento del mismo”, señaló.
El jefe del Ministerio Público aseguró que los principales aspectos de la problemática en materia pensional, identificados a través de las quejas y requerimientos de miles de ciudadanos, son:
• La ineficiencia administrativa de las entidades para tomar decisiones oportunas
• Morosidad en los reconocimientos, inclusiones de nómina y pagos
• Incumplimiento de los plazos legales
• No aplicación de los regímenes especiales en virtud de las normas de transición
• Necesidad de interponer tutelas para conseguir el reconocimiento de un derecho
• Conflicto entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media
• Incumplimiento de los fallos, lo que origina desacatos, nuevas demandas y procesos ejecutivos
• El consecuente incrementos en los costos y encarecimiento del presupuesto
En este sentido el jefe del Ministerio Público aseguró que gran parte de la congestión judicial en la jurisdicción ordinaria se debe al alto volumen de demandas por la negativa de la administración de reconocer la jurisprudencia: “Una gran estrategia de descongestión judicial sería que quienes tienen la responsabilidad de reconocer las pensiones decidan por fin acatar la Constitución y la ley”, aseguró.
Al referirse a la reciente decisión del Gobierno Nacional de crear la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el jefe del Ministerio Público planteó un interrogante: “¿Cuál será la intención de volver a la entidad que administra la prima media, una entidad financiera?”.
El procurador Ordóñez Maldonado aseguró que el Gobierno debe adoptar decisiones para que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) tenga capacidad de respuesta a las decenas de miles de peticiones y de demandas, y debe analizar el futuro de los afiliados, de los pensionados y de los actuales funcionarios y contratistas de este organismo, teniendo en cuenta el proceso de transición a Colpensiones.
El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que el Ministerio Público continuará su gestión por la defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos de los colombianos, a la luz de las normas vigentes y de sus competencias.
Intervención del procurador general de la Nación
PGN | Fecha Publicación: jueves, 16 febrero 2012 02:55 PM