"¿El Gobierno quiere una ley habilitante? ¿Un referendo que lo faculte?, ese es el camino equivocado": Procurador Alejandro Ordóñez

•  “Para garantizar que los acuerdos se cumplan se requiere construir el mayor consenso posible, insisto, un pacto con todos, un Pacto para la Paz. Sería un gravísimo error histórico confundir consenso con mayorías en un referendo”, dijo este lunes el jefe del Ministerio Público desde Valledupar (Cesar).

•  “La Procuraduría tiene conocimiento que desde finales del año pasado se ha propuesto, en voz baja, que mediante un referendo se establezca una serie de criterios en materia de justicia transicional, sobre los cuales se dictarían decretos, adoptando decisiones tan importantes como las relacionadas con las penas que deben cumplir quienes han perpetrado masacres o secuestros”.

“El presidente tiene  todas las facultades para suscribir un acuerdo con las FARC, no necesita más facultades”, dijo este lunes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo de su intervención en el foro ‘Posconflicto, el desarrollo de las regiones’, realizado en Valledupar (Cesar).

El jefe del Ministerio Público analizó las tentativas de desconocer el Marco Jurídico para la Paz y las sentencias de la Corte Constitucional que lo declararon exequible, reduciendo a leyes habilitantes o referendos las trascendentes decisiones que deben adoptarse en futuros acuerdos entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista FARC.

“¿El Gobierno quiere una ley habilitante? ¿Un referendo facultatorio?, ese es el camino equivocado. Para garantizar que los acuerdos se cumplan se requiere construir el mayor consenso posible, insisto, un pacto con todos, un Pacto para la Paz. Sería un gravísimo error histórico confundir consenso con mayorías en un referendo”, manifestó.   

“Parece evidente que en algunos sectores oficiales se está considerando la propuesta de salirse del Marco Jurídico para la Paz, de desecharlo. Durante tres años insistieron que ese era el marco normativo que regiría los acuerdos con las FARC y su implementación. Ahora todo indica que este ya no les gusta, les parece estrecho, limitado e inconveniente. ¿Qué pasó?, sencillo, la Corte Constitucional puso los puntos sobre las íes”, agregó en referencia a la obligación de que cualquier acuerdo con las FARC incluya el cumplimiento de penas efectivas privativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes atroces y la garantía de los derechos de las víctimas de esa organización ilegal.

El procurador general reiteró el llamado a que las fuerzas políticas y sociales del país confluyan en un Pacto para la Paz, “un candado jurídico-político que asegura a la sociedad que la guerrilla se desmovilizará totalmente y se desarmará absolutamente”, puntualizando que ello “convertirá la paz en política de Estado” y evitará que el grupo criminal FARC siga sacando provecho de la estigmatización, la politización y la polarización en Colombia. 

“La paz debe ser propósito nacional, no una bandera con fines electorales, ni un instrumento político de un Gobierno en particular o de una coalición de Gobierno. Nada más negativo que hacer de la paz una herramienta de control social, una consigna para dividir a la sociedad y profundizar las heridas dejadas por décadas de terrorismo, crimen y violencia despiadada (…) Cuando se utiliza la paz como un arma para atacar a la oposición democrática o se utiliza el proceso de paz para deslegitimar al Gobierno, no se está haciendo la paz. Lo que se hace es jugar en el guión de las FARC, ese grupo busca agudizar las contradicciones en el seno de las fuerzas institucionales, fragmentarlas, enfrentarlas y aprovechar las oportunidades que ese escenario brinda para avanzar en la realización de sus planes”, explicó.

En ese sentido, el jefe del órgano de control insistió en la necesidad de evitar calificaciones desproporcionadas y malintencionadas en contra de todos aquellos que manifiesten inquietudes, advertencias u observaciones frente al proceso de paz.

“Al parecer se ha tomado el camino de tachar de enemigos de la paz a todo aquel que discrepe, esto es un absurdo, una actitud equivocada (…) La clase dirigente de Colombia debe actuar con serenidad, responsabilidad de Estado y entender que el conflicto no es del Gobierno con la oposición ni de la oposición con el Gobierno. Es de los demócratas que enfrentan un aparato organizado de poder, encargado de perpetrar los más graves crímenes contra la humanidad, además de ser un poderoso cartel de la droga”, concluyó. 

PGN | Fecha Publicación: lunes, 27 abril 2015 04:56 PM