Procuraduría solicitó declarar la constitucionalidad del decreto que establece la ampliación de la planta de personal de la UNP

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad del Decreto Ley 298 de 2017, que exceptúa temporalmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, norma esta que impone topes al crecimiento de las plantas de personal de las entidades públicas.

Para el Ministerio Público, el Decreto “no incurre en ninguna de las prohibiciones impuestas al Ejecutivo para el uso de las facultades presidenciales para la paz, y además se cumple el criterio de estricta necesidad”, porque la ampliación de la planta de la UNP es urgente e importante para la implementación del Acuerdo Final.

A pesar de que las restricciones del artículo 92 de la Ley 617 de 2000 son de naturaleza orgánica, la Procuraduría estimó que las medidas adoptadas a través del Decreto resultan ser tan temporales y específicas, que no alteran el principio la sostenibilidad fiscal, y “no requieren un especial nivel de deliberación democrática”.

Encontró además que el artículo que contempla las restricciones presupuestales a las entidades públicas ha sufrido excepciones legales en varias oportunidades, por lo cual el principio de los topes al crecimiento de las plantas de personal puede ser flexibilizado cuando existan necesidades de especial importancia como la implementación del acuerdo de paz.