La formación y las segundas oportunidades son la respuesta al problema carcelario

• “El encarcelamiento no disminuye los índices de violencia”
• “Deben existir proyectos que permitan a las personas privadas de la libertad reintegrarse y tener un desarrollo productivo”

Las cárceles no son la solución a los delitos que aquejan al país, la solución está en las acciones preventivas: formar en la cultura de la legalidad; reconocer los escenarios familiares; identificar las falencias que tienen los jóvenes y crear escenarios que permitan reinventarse y darse una nueva oportunidad.

Estas son las soluciones que  proponen los organismos internacionales para lograr la construcción de una nueva política penitenciaria y carcelaria en Colombia.

Nathalie Alvarado, coordinadora del Área de Seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, presentó los resultados de las investigaciones que se han adelantado con relación a las políticas penitenciarias en Latinoamérica y señaló que “el encarcelamiento no disminuye los índices de violencia”, por lo contrario, según dijo, los aumenta, como lo confirman las tasas de reclusos en América Latina.

En el desarrollo del panel “Vías de financiación y cooperación Internacional”, con el que concluyó el Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelario: Hacia la construcción de una nueva política penitenciaria en Colombia, la representante del BID afirmó que los gastos administrativos que se generan con las actuales políticas penitenciarias superan el 0.3% del PIB de Latinoamérica.

Lamentó que esa inversión no garantice la profesionalización de los guardas de seguridad, la calidad de los espacios de reclusión, el bienestar y estilos de vida de las personas privadas de la libertad y tampoco la realización de proyectos que brinden a estas personas una segunda oportunidad.

Al mismo tiempo, Miguel de Domingo Angulo, director del Área de Justicia y Asuntos del Interior de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, afirmó que “deben existir proyectos que permitan a las personas privadas de la libertad reintegrarse y tener un desarrollo productivo”, ya que esta es la única forma de contrarrestar la violencia y la presencia de delitos a nivel mundial.

Bertha Alemán, Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación y moderadora del panel, habló de la importancia que tiene el trabajo articulado entre las entidades de orden nacional y la cooperación internacional para diseñar, implementar y evaluar procesos que permitan garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.