Procuraduría investiga a exalcalde de Cúcuta por irregularidades en construcción de centros de desarrollo infantil
Bogotá, 07 de junio 2018. La Procuraduría General de la Nación abre investigación disciplinaria contra Donamaris Ramírez, alcalde de San José de Cúcuta – Norte de Santander (2012-2015), por presuntas irregularidades en la construcción de cuatro Centros de Desarrollo Infantil – CDI CORMORANES en el municipio.
La medida también cobija a Jimy Galán Villamizar, en su condición de secretario del despacho Área Dirección Fortalecimiento Corporativo; Irly Yesenia Sandoval Pacheco, secretaría del despacho Área Dirección Fortalecimiento Corporativo; Luis Carlos Castro, Oswaldo Grajales Rosas y Juan Carlos Sierra Castellanos secretarios de infraestructura; Felipe Andres Gómez Sánchez, representante legal de la Unión Temporal Colva e interventor del contrato 876 de 2013; Claudia Graciela Olivares Rivera, representante legal del Consorcio Interventoría CDI, y Jose Leonardo Alba Rico, interventor y representante legal de la empresa Construyendo Ideas.
El Ministerio Público busca establecer la posible responsabilidad de los funcionarios en los retrasos y contratiempos que tuvo la ejecución del contrato No. 876 de 2013, adjudicado a la Unión Temporal C.D.I. por un valor de $4.695.898.120 y que tenía por objeto la "Construcción de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI- Niños para Grandes Cosas, Barrio Torcoroma – Siglo XXI, Urbanización Cormoranes, Ciudadela el Rodeo y Comuneros del Municipio de San José de Cúcuta – I Etapa".
Señala el ente de control que al parecer no se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas en los estudios previos que advertían la necesidad de adelantar adecuaciones especiales al suelo, para garantizar una obra estable, lo que habría generado los retrasos e incumplimientos en la obra, lo que evidenciaría una posible planeación insuficiente, al no contar con estudios previos serios, adecuados y completos para celebrar el contrato.
Para la Procuraduría, las fallas en los muros, cimentación, deterioro temprano, y la presunta entrega de la construcción sin acceso al servicio de agua potable, aun cuando estaba contemplada en la contratación, son circunstancias que pudieron ser evidenciadas y mitigadas durante la ejecución del contrato, por lo que se pretende determinar si existió omisión por parte de los funcionarios en la supervisión, seguimiento y registro de la obra.
La Procuraduría General decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria.
FNP/fnp | Fecha Publicación: jueves, 7 junio 2018 02:47 PM