Nuevas órdenes de la Procuraduría por desplome de edificio en Cartagena

 

La gravedad de los hechos y el número de personas y familias afectadas han hecho necesaria una intervención integral del Ministerio Público que comprenda  gestiones disciplinarias, preventivas y de intervención judicial.

 

Este equipo está conformado por los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa, para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, la Procuradora Regional de Bolívar y el Procurador Provincial de Cartagena.

 

La Procuraduría General de la Nación representará los derechos de las víctimas para que tengan pensión y reparación plena

Procuradores Judiciales Laborales de la ciudad de Cartagena asumirán directamente la representación de las víctimas en los procesos judiciales que se estimen pertinentes en cada uno de los casos.

 

La Procuraduría, que estableció un canal de comunicación directo, se reunió el pasado 2 de mayo con los familiares de los trabajadores fallecidos, heridos y con aquellos que lograron salir con vida para ofrecer el acompañamiento y el apoyo requerido para iniciar reclamaciones del orden laboral y de la seguridad social, que también incluyen a quienes resultaron ilesos durante el siniestro.

 

El Procurador General, Fernando Carrillo, el pasado 3 de mayo conoció las historias de las víctimas de esta tragedia, incluidos los vecinos de la obra, quienes denunciaron que esta calamidad pudo ser también producto de casos de corrupción.

 

Durante la audiencia se hizo un llamado a los trabajadores de nacionalidad venezolana para que no se escondan y acepten el acompañamiento del Ministerio Público, al que preocupa que sean objeto de abusos y de desprotección, por tratarse de una población vulnerable que requiere un trabajo decente.

 

La Procuraduría iniciará una acción popular para que las edificaciones, construcciones y desarrollos urbanos de Cartagena cumplan siempre con las disposiciones legales vigentes y se ordene la clausura definitiva de todas las construcciones ilegales.

 

La Regional de Bolívar y la Provincial de Cartagena realizan un registro de las víctimas del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, que será enviado a la Alcaldía para que sean incluidas dentro del plan de Unidad de Víctimas y a la Fiscalía General de la Nación.

 

Se pidió además al Ministerio del Trabajo identificar en Cartagena  las constructoras piratas que a su vez son empleadores irregulares, que no  garantizan derechos laborales ni cobertura de seguridad social a los trabajadores contratados, además de exponerlos a actividades peligrosas, a fin de sancionarlas y clausurarlas definitivamente.

 

A la Superintendencia Nacional de Salud para que realice un seguimiento y vigilancia especial a los hospitales y centros médicos donde están siendo atendidos los trabajadores heridos, para  que se garantice una atención oportuna y de calidad.

 

 

La Procuraduría Regional de Bolívar elevó requerimiento a la Alcaldía Distrital de Cartagena para que adopte las medidas necesarias de desalojo y reubicación de las familias vecinas al edificio que se desplomó, cuyas vidas corren riesgo, y pidió organizar grupos de trabajo para vigilar las condiciones de las construcciones que se desarrollan en la ciudad y que podrían representar un riesgo similar a la colapsada en Blas de Lezo. 

 

La administración también deberá informar sobre los planes de contingencia adoptados para identificar y valorar el estado de construcciones y/o edificaciones presuntamente riesgosas, a efectos de determinar si se encuentra en peligro la integridad física de las personas que habitan o laboran en esos inmuebles.

 

La Procuraduría Provincial en Cartagena ordenó visitas a más de siete dependencias de la administración distrital con el propósito de recaudar en forma inmediata el mayor número de pruebas para determinar la existencia de faltas disciplinarias.

 

Atendiendo la orden del Procurador General de la Nación de hacer uso del poder disciplinario preferente, la PGN asumió directamente los procesos que por estos mismos hechos inició la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Distrital en contra de la Secretaria de Planeación Distrital, el Director de Control Urbano, el Inspector de Policía de Blas de Lezo y la Alcaldesa Local No. 3.

 

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa asumió directamente las diligencias adelantadas por la Provincial y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Distrital, que se sumarán a la indagación preliminar que se adelanta en contra del Alcalde Distrital, Manuel Duque, y otros funcionarios que puedan resultar implicados. 

 

La Procuraduría bajo su competencia preventiva ha realizado visitas a otras construcciones dentro de las cuales se resalta las practicadas al Edificio Shalom del Barrio el Recreo y al predio ubicado en el Barrio Blas de Lezo Manzana C Lote 4, Calle 25.  Así mismo, a la Alcaldía Local No. 3 para revisar las actuaciones adelantadas en desarrollo de la Resolución 045 del 16 de septiembre de 2016 que  ordenó la demolición de la obra realizada en el último predio. Con fundamento en estas visitas se requirió a la Alcaldía Distrital para que de manera inmediata actúe y adopte las medidas necesarias para proteger a la población afectada con estas obras riesgosas y en condiciones de presunta ilegalidad.

 

Finalmente, el Ministerio Público solicitará al Gobierno Nacional la revisión de Decreto 1469 de 2010 para evitar que el trámite de reconocimiento  de inmuebles construidos sin previa licencia sea posterior y se preste para el saneamiento de construcciones ilegales. Toda construcción, sin excepción alguna, deberá contar con una licencia previa otorgada por la autoridad competente.