Procuraduría pide revisar ley de modernización del Sistema Nacional Ambiental
Con el propósito de hacer efectiva la protección de los recursos naturales y el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, la Procuraduría General de la Nación solicitó revisar varios puntos del proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), creado por la Ley 99 de 1993.
En comunicación enviada al titular de la cartera de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, el Ministerio Público, a través de su Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, indicó que el proyecto de ley debe ser claro en la asignación de funciones a las entidades que conforman el SINA, para que se cumplan de manera articulada y se eviten contradicciones o ambigüedades en las decisiones que se adopten, situación que dificultaría el desarrollo de una política pública ambiental que genere mecanismos de protección eficaces y eficientes.
Frente a la gestión del riesgo de desastres, el ente de control compartió la inclusión de este tema en la norma, pero señaló que el término debe estar vinculado al impulso de otros temas como el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. Pidió al ministerio definir los programas, planes y políticas que hagan énfasis en la gestión, prevención y valoración de los daños que se puedan generar a los ecosistemas como consecuencia de desastres naturales o la acción del hombre.
Para la Procuraduría es fundamental que el proyecto de ley cuente con el compromiso del Gobierno Nacional en la dotación de los recursos financieros y humanos requeridos, y así las autoridades ambientales puedan cumplir de manera efectiva las nuevas responsabilidades que la norma les fija.
El Ministerio Público sostuvo que es indispensable garantizar una continua formación y capacitación de las autoridades ambientales encargadas de la autorización de licencias, permisos y concesiones, y considerar la creación de una instancia de revisión de los actos administrativos proferidos por las autoridades regionales y urbanas, que podría estar a cargo del Ministerio de Ambiente o de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
En la comunicación, la Procuraduría manifestó la necesidad de buscar la plena participación de los mandatarios locales en los escenarios de planificación, toma de decisiones y ejecución de planes ambientales. Sostuvo que los entes territoriales deben convertirse en verdaderos gestores que apoyen la labor que cumplen las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y pidió revisar si las CAR existentes son suficientes para el cumplimiento de sus funciones en cuanto a su cobertura territorial, desarrollo de sus competencias y eficiencia en el gasto.
Finalmente, el ente de control llamó la atención para que las entidades públicas, privadas o mixtas que producen información o realizan investigación científica y de desarrollo tecnológico en el campo ambiental se articulen debidamente con las autoridades que conforman el SINA, para permitir el flujo de información, la actualización de los inventarios ambientales y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el país.