Procuraduría velará por el cumplimiento de la Sentencia que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos
Bogotá, 22 de junio de 2017. La Procuraduría General de la Nación velará por la garantía y la protección de los derechos del río Atrato y hará seguimiento a los planes, estudios y medidas ordenados por la Corte Constitucional para erradicar la minería ilegal y propender por la descontaminación las fuentes hídricas del Chocó.
El próximo viernes 23 de junio el organismo de control liderará el “Conversatorio de la Sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional” —primer acto de cumplimiento a lo dispuesto en la providencia mencionada— la cual reconoce al rio Atrato como sujeto de derechos, protección que a juicio del Ministerio Público se puede extender a los demás ríos y otras fuentes hídricas del país.
A este encuentro asistirá el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos; de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalve; la abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, Ximena González Serrano y el Procurador Regional de Chocó, Richard Moreno Monsalvo, quienes hablarán de los principales retos que esta decisión genera para los actores públicos involucrados.
El Ministerio Público destacó la decisión del Alto Tribunal que por primera vez ampara los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, quienes han sido víctimas de la explotación minera ilegal en el departamento del Chocó.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, explicó que esa Corporación dispuso la participación de la Procuraduría General para verificar el cumplimiento de la Sentencia, en compañía de entidades públicas, privadas, académicas, la sociedad civil y las comunidades étnicas de la región y destacó que “se está rectificando la historia entera de la humanidad, para volcar la atención de la acción estatal en la conservación de la naturaleza y en general del patrimonio ecológico del que depende la misma supervivencia de nuestra especie”.
La Procuraduría General ostenta la responsabilidad de acompañar la verificación de las obligaciones constitucionales, en tanto le fue ordenado que “conforme a sus competencias legales y constitucionales realicen un proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de todas las órdenes pronunciadas en los numerales anteriores, en el corto, mediano y largo plazo” (…) y quien para el fin de esta relevante orden constitucional tendrá que convocar dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia un panel de expertos que asesore el proceso de seguimiento y ejecución de las prescripciones constitucionales”.
PGN | Fecha Publicación: jueves, 22 junio 2017 03:10 PM