Procuraduría requirió informe de cumplimiento de sentencia a Alcaldía de Girón, Santander

• Los habitantes de la ronda hídrica del cauce del Río de Oro se encuentran en riesgo eminente, por estar ubicados en una zona similar a donde ocurrió la inundación en Mocoa.
• Se evidencia que persiste afectación de derechos colectivos y de la gestión del riesgo y previsión de desastres.

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2017. La Procuraduría General de la Nación solicitó a Jhon Abiud Ramírez Barrientos, alcalde de Girón, un informe del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 2 de mayo/17, que le ordenó al municipio proteger las zonas destinadas a mantener el equilibrio ecológico y construir desarrollos urbanos atendiendo el marco legal, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

De acuerdo con la sentencia del alto tribunal, por medio de la cual se conminó al municipio a cumplir el fallo del Consejo de Estado proferido dentro de una acción popular el 30 de octubre/14, la administración municipal contaba con un plazo de 6 meses para clausurar y demoler todas las construcciones existentes dentro de la ronda hídrica del Río de Oro, en los asentamientos Brisas del Río y El Carmen, así como en aquellos que se detecten a lo largo del cauce del cuerpo de agua, antes de reasentar a sus pobladores.

Dentro del proceso judicial se comprobó que el municipio de Girón es responsable por omitir el cumplimiento de sus funciones de policía en el control de construcciones en la ronda hídrica del Río de Oro, independientemente de si los habitantes de dicha zona habían rehusado o no la aceptación de un programa de reubicación.

Por otra parte, con base en el plano cartográfico y en los informes de la Secretaría de Gobierno y de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), se afirma en la decisión judicial que las familias habitan las viviendas de la ronda hídrica del cauce del río se encuentran en riesgo eminente, por estar ubicados en una zona similar a donde recientemente ocurrió la inundación en Mocoa.

El Ministerio Público advirtió que el 5 de octubre de 2016 el mismo Tribunal Administrativo sancionó al funcionario Ramírez Barrientos con multa de 5 SMLMV, por desacato que fue confirmado por el Consejo de Estado, el 9 de diciembre del mismo año, al estimar que el alcalde no cumplió el objetivo indicado en la decisión.

Con la contestación a los requerimientos y demás actuaciones preventivas, el Ministerio Público evaluará el grado de cumplimiento, omisiones o negligencia respecto a los deberes y al acatamiento de las órdenes encomendadas por el ordenamiento jurídico y las sentencias del Consejo de Estado, proferidas dentro de la vigencia 2016-2017.

CCJ/ram