Por irregularidades en el PAE, Procuraduría citó a juicio disciplinario a exfuncionarios de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca

Bogotá, 30 de marzo de 2020. La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a los exsecretarios de Educación y Cultura de la alcaldía de Soacha, Cundinamarca, Hernán Castellanos Ramírez (diciembre 2016 – octubre 2018) y Manuel Ernesto Ochoa Sanabria (octubre de 2018 – enero 2019), por presuntas irregularidades en la fase precontractual de dos licitaciones del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.  

 

 La Procuraduría Provincial de Fusagasugá imputó dos cargos a Ochoa Sanabria. El primero está relacionado con una presunta exigencia que se habría hecho a los proponentes en los pliegos de condiciones, en la que se pedía que mínimo tres de los cinco proponentes residieran en Soacha, acción con la que al parecer pudo vulnerar el principio de transparencia, pues ese requisito no era necesario para la ejecución del objeto del contrato. 

 

La Licitación 01 de 2019 fue convocada para la “prestación del servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las instituciones educativas oficiales, según las edades de los beneficiarios del Programa PAE”, por valor de $6.666’927.316 pesos. 

 

En el segundo cargo, el ente de control le reprochó el que presuntamente, en etapa precontractual, adjudicara el proceso a la Fundación Vive Colombia, cuando al parecer, esta no habría acreditado el requisito de selección relacionado con el Sistema de Información Web, necesario para identificar a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. 

 

Para el Ministerio Público, el investigado habría omitido los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.  

 

Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima. 

 

A Hernán Castellanos Ramírez, la Procuraduría le cuestionó el que presuntamente no realizara una correcta verificación de los soportes de experiencia entregados por Proalimentos Liber S.A.S., y que al parecer tampoco se le permitiera al proponente, entregar los soportes que subsanaran las condiciones exigidas para participar en el proceso.

 

La Licitación Pública No. 01 de 2018 tenía por objeto la “prestación del servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las instituciones educativas oficiales, según las edades de los beneficiarios del Programa PAE” por valor de $ 3.358’997.650. 

 

Para el órgano de control Castellanos Ramírez habría desconocido los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva que regulan la contratación estatal. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.