Por solicitud de la Procuraduría, Tribunal de San Gil ordenó contratación de defensor público en Socorro, Santander

 

Bogotá, 3 de abril de 2020. Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de San Gil, Santander, ordenó a la Defensoría del Pueblo contratar un defensor público para que actúe ante los jueces penales del Circuito del Socorro, ante la carga laboral desproporcionada que tiene la única funcionaria de esa entidad asignada a esos despachos judiciales.

 

Así lo decidió el alto tribunal al conceder una acción de tutela instaurada por la Procuraduría 296 Judicial I Penal del Socorro, que solicitó la protección de los derechos fundamentales, el acceso efectivo a la administración de justicia, el debido proceso y la defensa técnica y material de los usuarios que requieren el servicio de la defensoría pública.

 

En la acción de tutela, el órgano de control denunció que mientras hay nueve defensores públicos para atender los casos ante los juzgados municipales en el Socorro, solo hay una funcionaria para la representación de los ciudadanos ante siete juzgados del circuito, divididos en dos despachos del área civil, dos de familia y tres penales.

 

La Procuraduría señaló que, como consecuencia de la desproporción en la carga laboral, la servidora enfrenta una imposibilidad física y material para atender tantos despachos judiciales a la vez, lo que origina constantes aplazamientos de las diligencias y va en detrimento del normal funcionamiento del sistema y del derecho de los usuarios, “pertenecientes a una población vulnerable carente de recursos económicos para sufragar una defensa privada”.

 

Por esa razón, el Tribunal Superior de San Gil tuteló los derechos de los usuarios del servicio de la Defensoría del Pueblo en el Socorro, y le ordenó a esa entidad contratar, en un plazo no mayor a tres meses, los servicios de un profesional del derecho.