Procuraduría formuló pliego de cargos a exalcaldesa y exsecretaria de Gestión Social de Palestina, Caldas

Bogotá, 30 de septiembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exalcaldesa de Palestina, Caldas, Beatriz Elena Gil Garavito (2016 - 2019), y la exsecretaria de Gestión Social, Diana María García Giraldo, por presuntas irregularidades contractuales. 

 

A la exalcaldesa, la Procuraduría le endilgó dos cargos. El primero, por la presunta celebración directa de un contrato de prestación de servicios por $69’118.875 para atender el funcionamiento integral del coso municipal de Palestina, que beneficiaría a los animales en situación de calle o abandono. Esta modalidad de selección posiblemente no era la adecuada porque, al parecer, el objeto a contratar no tenía relación con actividades afines con la administración o el funcionamiento de la entidad, lo que la obligaba a utilizar otro mecanismo que garantizara la pluralidad de oferentes.

 

En un segundo cargo, se le reprochó a la exmandataria local por desatender aparentemente la obligación legal de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación celebrada en tanto las condiciones previas del contratista, necesarias para el cabal desarrollo del objeto, no se encontraban satisfechas al momento de la suscripción del negocio jurídico. 

 

En cuanto a la exsecretaria se le cuestionó por presuntamente omitir la correcta vigilancia a la ejecución del contrato para el funcionamiento del coso municipal, y el deber legal de informar a la entidad contratante las circunstancias que pusieron en riesgo el cumplimiento del negocio jurídico. 

 

Según los informes y visitas de vigilancia y control de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el albergue animal objeto del negocio jurídico no cumplía con las condiciones sanitarias ni locativas para operar. 

 

De acuerdo con el análisis de la PGN, la modalidad que habría sido idónea en este caso era la selección abreviada de menor cuantía, que la ubicaba dentro de límites para contratar bajo esta modalidad ($21’874.776 y $218’447.760). 

 

“La afectación del deber se materializó al no propenderse por buscar la propuesta más favorable para la entidad y la más adecuada para la consecución de los fines pretendidos, lo que se hubiera garantizado con la pluralidad de oferentes con mejores proyecciones en punto a la satisfacción del objeto pactado”. 

 

Según el órgano de control las investigadas pudieron vulnerar los principios de eficiencia administrativa y transparencia contractual. 

 

La Procuraduría calificó provisionalmente las faltas de las investigadas como gravísimas. 

 

A las investigadas les asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa.