Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde y funcionario de Puerto Concordia, Meta

Bogotá, 17 de octubre de 2019. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Puerto Concordia, Meta, Arnaldo Ignacio Celedón Mercado (2012-2015), y la exsecretaria de Desarrollo y Proyección, Janeth Ivón Cano Herrera, por presuntas irregularidades en celebración de contratos durante el año 2013.

 

La Procuraduría Regional de Guaviare endilgó a Celedón Mercado en el primer cargo la presunta responsabilidad en las irregularidades de cinco contratos, celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía, para el mantenimiento en pintura de varios bienes inmuebles del municipio por un valor total de $80.823.281, con lo que habría eludido el proceso de convocatoria pública y la modalidad de selección abreviada.

 

El exalcalde habría celebrado convenios con un mismo contratista en dos oportunidades. En primer lugar, firmó los contratos 134, 148 y 149 con Jenny Echeverry Salcedo para el mantenimiento de la placa del Polideportivo Cubierto del Centro Poblado el Pororio, y la infraestructura de la cancha de fútbol municipal, y en segundo lugar, suscribió los negocios jurídicos 147 y 173 con Rafael Pérez Osorio, para el mantenimiento de pintura de siete escuelas del municipio.

 

El ente de control también le endilgó un segundo cargo al exmandatario territorial porque posiblemente excedió el tope para la contratación de mínima cuantía, que para el año 2013 era de $16.506.000. 

 

De igual manera, habría concedido adiciones de actividades no contempladas inicialmente en algunos de los contratos, como sucedió en el negocio jurídico No.137, y en el No.173, en el que además aceptó una adición por valor de $4.028.050 de pesos, luego de suspender la obra que ya debía estar terminada. 

 

Las presuntas faltas del exalcalde fueron calificadas provisionalmente como gravísimas, a título de culpa grave, por posible desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley.

 

El ente de control también vinculó a la investigación a la exsecretaria de Desarrollo y Proyección del municipio, a quien se le endilgaron cuatro cargos por los mismos hechos. El primero porque presuntamente elaboró de manera deficiente los estudios previos de los contratos 134, 149, 147,148 y 173.

 

Además, se cuestiona una posible planeación irregular, al parecer para evitar un proceso de convocatoria pública, presunta falta calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa grave.

 

En el segundo cargo se le reprocha a Cano Herrera quién como supervisora de los contratos 137 y 173, presuntamente participó en la estructuración deficiente de los estudios previos y en la aceptación de sus adiciones.

 

El tercer cargo que se le endilgó la presunta responsabilidad de las deficiencias en los estudios previos del contrato 147, en el que se incluyó el mantenimiento de la sede Primavera, del Centro Educativo Mi Llanura, establecimiento que no se encontraba en uso, por lo que no se realizaron trabajos de mantenimiento, en su lugar se incluyó la escuela La Sal de la vereda Resguardo Indígena Caño la Sal, con lo que se podría evidenciar la falta de planeación.

 

En el cuarto cargo se le reprochó a la exsecretaria de Desarrollo y Proyección del municipio la presunta omisión en la verificación de las constancias de pago de salud y pensión presentados por Rafael Perez Osorio, como proponente de dos de los procesos contractuales, lo que al parecer indicaría que los pagos fueron realizados en plena ejecución del contrato.

 

Las presuntas conductas endilgadas a Cano Herrera fueron calificadas provisionalmente como gravísimas, a título de culpa grave, por violentar aparentemente los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal.